El senador del PRI recordó que, conforme al artículo 19 de la Constitución este tipo de actos amerita prisión preventiva oficiosa
Por Félix Muñiz
El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el estado de Guerrero, Manuel Añorve Baños, denunció públicamente que el delegado federal de los programas sociales del Bienestar en esa entidad, Iván Hernández Díaz, incurrió en una violación a la ley electoral al promover de manera ilegal la elección judicial durante un acto oficial de entrega de becas escolares.
La denuncia del legislador priista Manuel Añorve la sustenta en que el funcionario del Programa Bienestar aprovechó su presencia ante padres de familia en Guerrero para inducir el voto a favor de una opción específica en el contexto de la consulta popular para elegir jueces y magistrados, lo cual está estrictamente prohibido por la legislación electoral vigente.
Añorve Baños aseguró que este acto constituye un uso indebido de los programas sociales con fines político-electorales, una práctica que ha sido reiteradamente señalada como violatoria del principio de equidad en las contiendas electorales.
Subrayó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no ha autorizado la utilización de apoyos gubernamentales como herramientas de promoción del voto.
“El uso de recursos públicos con fines electorales no solo atenta contra la democracia, sino que constituye un delito grave”, afirmó el senador. Recordó que, conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este tipo de actos amerita prisión preventiva oficiosa, al ser clasificados como delitos electorales graves.
La controversia se enmarca en un contexto de creciente atención sobre el papel de los servidores públicos en procesos democráticos, especialmente en zonas vulnerables donde el acceso a programas sociales representa una herramienta clave para muchas familias. Diversas organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupación sobre el riesgo de que estos apoyos sean utilizados como mecanismo de presión o manipulación del voto.
En este sentido, Añorve Baños pidió a las autoridades correspondientes, incluidos el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), que investiguen el caso de forma imparcial y exhaustiva. Asimismo, solicitó al gobierno federal que garantice la neutralidad de sus delegados y que se respeten los principios constitucionales que rigen el uso de recursos públicos.
“La ley no debe tener excepciones ni usos discrecionales, mucho menos tratándose de recursos destinados a la población”, puntualizó el senador. Enfatizó que este tipo de conductas, de comprobarse, reflejan una preocupante instrumentalización de los programas sociales para fines políticos, lo cual pone en entredicho la imparcialidad del aparato gubernamental en procesos electorales.
Hasta el momento, ni el delegado Iván Hernández Díaz ni autoridades federales han emitido una postura oficial respecto a la denuncia. Sin embargo, se espera que en los próximos días haya pronunciamientos institucionales que aclaren la situación y, en su caso, se determinen las sanciones correspondientes.
Este episodio reaviva el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia y transparencia en la operación de los programas sociales, particularmente en épocas de procesos electorales, con el fin de salvaguardar la legalidad y la equidad democrática.