Todo esto es el resultado de un gobierno que ha claudicado frente al crimen organizado y que ha normalizado la violencia en el país
Por Félix Muñiz
Michoacán arde y el gobierno federal calla. Mientras cientos de productores de limón luchan día a día por mantener viva una de las actividades agrícolas más importantes del estado, el crimen organizado ha encontrado otra forma de saquear al pueblo: el llamado “impuesto criminal”.
Y aunque parezca increíble, no es una metáfora ni una exageración. Se trata de una extorsión sistemática, cobrada con total impunidad, ante los ojos cerrados de una administración federal que parece más preocupada por los abrazos que por hacer justicia.
El senador del PAN por el Estado de Michoacán Marko Cortés Mendoza, rompió el silencio institucional que desde hace años protege al crimen organizado en la región y lo hizo con la fuerza de quien ya no tolera más simulaciones.
Con justa razón, el legislador panista calificó de “humillación al Estado mexicano” el hecho de que los limoneros michoacanos deban pagar tributo a delincuentes para poder trabajar sus propias tierras.
“¿Dónde está el gobierno federal? ¿Dónde están las fuerzas de seguridad que prometieron recuperar la paz?”, cuestionó Cortés Mendoza.
Y es que el incremento de este “impuesto criminal” no es un asunto menor ni una simple molestia. Es una sentencia de ruina para cientos de familias que viven del limón, un producto que ha puesto a Michoacán en el mapa mundial y que ahora se ve manchado por la sangre de la impunidad.
El senador michoacano Marko Cortés fue claro y directo: la violencia se ha normalizado en el país, y el gobierno ha claudicado. No se trata solo de la inacción, sino de una verdadera complicidad por omisión. La política de “abrazos y no balazos” ha fracasado rotundamente, y en Michoacán, el fracaso tiene nombre, rostro y cosechas que no llegan al mercado porque los criminales cobran por cada kilo que se produce.
Cortés Mendoza exigió una respuesta inmediata de los tres órdenes de gobierno, no solo en forma de discursos vacíos o promesas recicladas, sino con acciones reales, contundentes y permanentes. Porque el campo no puede esperar, y los criminales no descansan.
“No más abrazos a los delincuentes. No más simulación. Michoacán necesita presencia real del Estado, protección para sus productores y castigo ejemplar para quienes lucran con el miedo”, sentenció.
Su llamado es urgente: basta de mirar hacia otro lado mientras los verdaderos héroes del campo son extorsionados, amenazados y empobrecidos. No se puede permitir que la economía rural siga siendo rehén del crimen, y menos aún que el gobierno sea espectador pasivo de esta tragedia.
Marko Cortés alzó la voz, pero la pregunta sigue vigente: ¿tendrá el gobierno la dignidad de responder? Porque mientras los delincuentes imponen sus reglas en Michoacán, el Estado sigue ausente, cobarde y mudo.