Una victoria para el T-MEC, pero a costa de la soberanía alimentaria
Por Félix Muñiz
Este viernes, la administración de Estados Unidos logró una importante victoria en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al ganar la demanda presentada contra México sobre el maíz transgénico.
La representante comercial de EE.UU., Katherine Tai, celebró la resolución, argumentando que la decisión del panel de resolución de disputas validó las preocupaciones históricas de Estados Unidos respecto a las políticas biotecnológicas de México y sus efectos negativos en las exportaciones agrícolas estadounidenses.
La controversia gira en torno al decreto del gobierno mexicano, publicado el 13 de febrero de 2023, que establecía restricciones al uso de maíz genéticamente modificado (GM) y al glifosato. En su fallo, el panel concluyó que México no presentó una justificación científica adecuada para sus políticas restrictivas, y que estas medidas contravienen los compromisos asumidos bajo el T-MEC de asegurar el acceso al mercado para productos agrícolas de Estados Unidos, incluyendo el maíz transgénico.
El fallo de este panel internacional no solo representa una derrota para México en términos comerciales, sino también un claro ejemplo de cómo los intereses económicos pueden prevalecer sobre las políticas nacionales de seguridad alimentaria y protección del medio ambiente. Mientras que Estados Unidos celebró la victoria al subrayar que las políticas mexicanas eran “incompatibles” con la ciencia y las normas internacionales, el gobierno mexicano se mostró dispuesto a respetar la resolución, aunque no sin antes reiterar que no compartía la decisión.
A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Economía y Agricultura de México expresaron que la medida del panel no fue bien recibida, pues consideran que las restricciones impuestas al maíz transgénico y al glifosato están alineadas con los principios de salud pública y derechos indígenas, en particular en un país con una rica biodiversidad y un sector agrícola que depende de una regulación estricta para preservar sus recursos naturales y su cultura alimentaria.
Este fallo subraya una paradoja significativa: la relación entre la soberanía alimentaria y los compromisos internacionales. Si bien es cierto que el T-MEC establece una serie de normas para el libre comercio, también plantea una disyuntiva sobre el grado de control que un país puede ejercer sobre su sistema alimentario sin vulnerar los acuerdos comerciales.
La resolución refleja, en última instancia, la tensión entre proteger el entorno ecológico, la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, frente a los intereses comerciales de los países más poderosos.
México, que ha sido uno de los defensores más firmes de la no aceptación del maíz transgénico debido a preocupaciones sobre la biodiversidad y los efectos de los organismos modificados genéticamente en la salud humana, ahora enfrenta un dilema complicado: cumplir con un fallo que puede poner en riesgo su política de protección agrícola, o desafiar la resolución y arriesgarse a sanciones comerciales más severas.
Pese a la derrota, el gobierno mexicano no se ha echado atrás en su postura. En su respuesta, las autoridades mexicanas recalcaron que la resolución del panel no menoscaba los derechos del país a proteger su salud pública, su biodiversidad y sus recursos naturales, principios que se encuentran en su legislación nacional y en tratados internacionales como el Acuerdo de París y la Convención sobre la Diversidad Biológica.
Sin embargo, el caso del maíz transgénico pone de relieve las dificultades inherentes a los acuerdos comerciales internacionales como el T-MEC, que, en su búsqueda de facilitar el intercambio comercial, también puede llevar a que se pasen por alto aspectos fundamentales de la política interna de los países firmantes.
La decisión del T-MEC sobre el maíz transgénico puede ser vista como una victoria para los intereses comerciales de Estados Unidos, pero también marca un punto de inflexión en la discusión sobre la soberanía alimentaria de México. En última instancia, esta disputa destaca el delicado balance que México debe mantener entre su compromiso con acuerdos internacionales y la necesidad de salvaguardar los intereses de su población, el medio ambiente y su identidad cultu