Con más de 202 mil homicidios acumulados desde 2018, el senador del PRI plantea un nuevo fondo federal ante el colapso de las policías locales
Por Félix Muñiz
En un país donde la estadística de la muerte se volvió rutina, el senador del PRI, Miguel Ángel Riquelme Solís, puso el dedo en la llaga: municipios sin recursos, policías debilitadas y una violencia que no cede.
Su diagnóstico no es menor. México acumuló 202,336 homicidios dolosos entre 2018 y 2024, un promedio de 95 asesinatos diarios. Y en los primeros 16 meses del actual sexenio ya suman 35,775 víctimas. Las cifras retratan un escenario crítico que desmiente cualquier discurso triunfalista.
El legislador priista por el Estado de Coahuila Miguel Riquelme señaló que las policías municipales (primer respondiente ante la comisión de un delito) sobreviven entre carencias estructurales, salarios precarios y equipamiento insuficiente.
Son el eslabón más débil de la cadena de seguridad y, paradójicamente, el más cercano a la ciudadanía. Sin patrullas suficientes, sin tecnología de inteligencia y, en muchos casos, sin capacitación certificada, los agentes locales enfrentan al crimen organizado y a la delincuencia común en franca desventaja.
Ante este panorama, Ángel Riquelme presentó una iniciativa para adicionar el artículo 116 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El objetivo: crear un subsidio federal permanente que fortalezca la seguridad pública municipal. La propuesta contempla un Programa Federal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal con recursos etiquetados para capacitación, certificación, equipamiento, infraestructura, inteligencia policial, prevención del delito y mejora salarial. Incluye, además, reglas claras de operación, criterios objetivos de asignación y mecanismos de transparencia.
La iniciativa surge tras la desaparición del programa FORTASEG, que dejó a los ayuntamientos sin apoyo directo en materia de seguridad. Desde entonces, los municipios han tenido que enfrentar la creciente ola de violencia con presupuestos limitados y una dependencia superior al 72% de transferencias federales y estatales. En otras palabras, sin margen real de maniobra. Según el propio legislador, garantizar condiciones laborales dignas para los policías municipales requeriría una inversión anual adicional de entre 31 y 33 mil millones de pesos, cifra simplemente inalcanzable para la mayoría de los gobiernos locales.
El señalamiento es contundente: sin policías municipales fuertes no existe estrategia de seguridad que funcione. La narrativa de la centralización y los grandes despliegues federales ha demostrado ser insuficiente cuando el tejido institucional de base está roto. Cada municipio abandonado presupuestalmente se convierte en terreno fértil para el crimen.
Sin embargo, la propuesta también obliga a cuestionar la corresponsabilidad histórica de los partidos, incluido el PRI, en el deterioro de las corporaciones locales. La precarización policial no es un fenómeno reciente; es el resultado de años de desatención, corrupción y falta de planeación. El nuevo fondo, de aprobarse, no puede convertirse en otro mecanismo opaco ni en una bolsa sujeta a discrecionalidad política.
El debate está abierto. La seguridad pública es una responsabilidad concurrente de la Federación, los estados y los municipios. Pero mientras los gobiernos se reparten culpas y diseñan nuevas etiquetas presupuestales, el país sigue contando muertos. La severidad de las cifras exige algo más que discursos legislativos: demanda voluntad política real, vigilancia ciudadana y un compromiso efectivo para reconstruir desde lo local la frágil arquitectura de la seguridad en México.