Tras la discusión, se decidió eliminar las modificaciones a los artículos 1 y 105 Constitucional
Por Félix Muñiz
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron con modificaciones de fondo la iniciativa que hace inimpugnables las reformas a la Constitución por la vía de la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el juicio de amparo.
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de México han aprobado con modificaciones una iniciativa que tiene implicaciones significativas para la impugnabilidad de las reformas constitucionales.
Este dictamen, que busca hacer inimpugnables las reformas a la Constitución a través de la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el juicio de amparo, ha generado un intenso debate entre los legisladores.
La iniciativa, propuesta por el partido Morena, inicialmente incluía cambios a los artículos 1° y 105 de la Constitución, que fueron objeto de críticas por parte de la oposición. Se argumentó que estos cambios atentaban contra las garantías fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, tras la discusión, se decidió eliminar las modificaciones al artículo 1°, lo que fue celebrado por los partidos opositores como un avance en la dirección correcta.
Ricardo Anaya, senador del PAN, expresó que, aunque la versión original era “grotesca”, la versión modificada sigue teniendo efectos graves en la aplicación de los derechos humanos.
Anaya subrayó que el enfoque del oficialismo, en su intento de confrontar al Poder Judicial, podría tener consecuencias negativas para los ciudadanos. “Inventan un remedio que aparentemente les da el triunfo en esta batalla frente al Poder Judicial, pero me parece que es una medicina que acaba aparentemente con el padecimiento, pero mata al enfermo”, aseguró. Esta crítica refleja un sentimiento compartido por varios legisladores, quienes consideran que la reforma, a pesar de las modificaciones, es regresiva.
Claudia Anaya, del PRI, coincidió en que las modificaciones no eliminan las preocupaciones sobre la erosión de los derechos humanos. Argumentó que la reforma violaría el Pacto de San José, que garantiza el derecho de toda persona a recurrir a un juez o tribunal superior para proteger sus derechos. “Lo que están modificando es la Constitución y no es una pelea contra el Poder Judicial, sino contra los ciudadanos”, advirtió, enfatizando que las reformas tendrán un impacto negativo en la tutela judicial efectiva.
En defensa de la reforma, Saúl Monreal, senador de Morena, rechazó la idea de que exista un conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. “Eso es falso. No es por el pleito, es por la intromisión, es por el exceso de funciones que no le corresponden a ningún poder”, declaró. Monreal destacó que la reforma no elimina el control judicial sobre las acciones del Poder Legislativo y que las acciones de inconstitucionalidad seguirán existiendo, aunque las reformas constitucionales no serán impugnables.
El dictamen, tras ser aprobado por las comisiones, ha sido enviado a la Mesa Directiva del Senado para su análisis y eventual votación en el pleno. La reforma continúa siendo objeto de intensas discusiones y críticas, lo que refleja la polarización política en torno a la protección de los derechos humanos en el país. A medida que avanza el proceso legislativo, se espera que el debate en torno a la constitucionalidad y la protección de los derechos fundamentales siga en el centro de la agenda política mexicana.