Presenta iniciativa para reconocer legalmente a las víctimas de desplazamiento forzado y garantizarles protección inmediata
Por Félix Muñiz
La crisis humanitaria que vive Sinaloa por la violencia del crimen organizado sigue profundizándose ante la indiferencia del gobierno federal y estatal.
Más de tres mil familias desplazadas por la narcoguerra en Sinaloa han sido abandonadas a su suerte, denunció la senadora del PRI Paloma Sánchez Ramos, quien lanzó una crítica puntual contra MORENA, al acusarlos de incumplir su obligación básica de proteger a la población.
De acuerdo con la legisladora priista, Paloma Sánchez el desplazamiento forzado en Sinaloa ya no es un fenómeno aislado ni circunstancial, sino una tragedia cotidiana provocada por la expansión del control territorial del crimen organizado.
Familias enteras han tenido que huir de sus comunidades tras recibir amenazas, sufrir ataques armados o quedar atrapadas en zonas dominadas por grupos criminales, perdiendo viviendas, patrimonio y cualquier posibilidad de vivir con seguridad.
La senadora sinaloense Paloma Sánchez subrayó que MORENA abandona a las familias desplazadas, mientras insiste en un discurso oficial que minimiza la gravedad de la situación. “Dicen que están trabajando, pero la realidad es que miles de personas siguen sin protección, sin apoyo y sin condiciones para regresar a sus hogares”, señaló, en referencia directa al gobierno federal y a la administración estatal encabezada por el gobernador Rubén Rocha.
La senadora advirtió que el desplazamiento forzado constituye una violación grave a los derechos humanos y una muestra clara del fracaso de la estrategia de seguridad de MORENA. En Sinaloa, afirmó, la narcoguerra ha dejado comunidades vacías, niños sin escuela, familias separadas y personas obligadas a sobrevivir sin acceso a servicios básicos, vivienda digna ni seguridad.
Ante la omisión institucional, Sánchez Ramos informó que presentó una iniciativa para reconocer legalmente a las víctimas del desplazamiento forzado, ya sea por violencia criminal, desastres naturales o conflictos sociales. El objetivo es establecer un marco legal que obligue al Estado a garantizar vivienda, seguridad, alimentación y servicios esenciales desde el primer momento en que una persona es forzada a abandonar su hogar.
“La indiferencia no puede ser la respuesta. El desplazamiento forzado no es normal: son familias destrozadas, vidas en riesgo y sueños truncados”, sentenció la legisladora del PRI, quien recalcó que el Estado tiene la responsabilidad inmediata de brindar alojamiento y alimentación en condiciones dignas y seguras.
La crítica se intensificó al señalar que, pese a la magnitud de la emergencia, MORENA no ha implementado acciones concretas para atender a las más de tres mil familias desplazadas por la violencia en Sinaloa. No existen programas eficaces, ni censos transparentes, ni estrategias reales para garantizar el retorno seguro de las víctimas a sus comunidades.
Paloma Sánchez concluyó que la falta de respuestas mantiene a miles de sinaloenses en un abandono institucional inaceptable, sin acceso a vivienda, seguridad ni servicios básicos, mientras el discurso oficial intenta ocultar una crisis que crece día a día. Para la senadora, la narcoguerra y el desplazamiento forzado son el rostro más crudo del fracaso de MORENA en Sinaloa.