De última hora, el oficialismo retiró una modificación que daba derecho de veto a los poderes de la Unión sobre las listas de aspirantes a estos cargos
Por Félix Muñiz
En una sesión marcada por el cruce de denostaciones entre las bancadas oficialistas y los de oposición, el Senado de la República aprobó con 81 votos a favor y 41 en contra reformas a la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales y a la Ley de Medios de Impugnación.
Estas modificaciones establecen las reglas para la elección de jueces, magistrados y ministros, programada para el 1° de junio de 2025. Sin embargo, el oficialismo retiró en última instancia una propuesta que otorgaba derecho de veto a los poderes de la Unión sobre las listas de aspirantes, lo que generó una fuerte oposición entre los partidos contrarios.
La coordinadora del PAN, Guadalupe Murguía, expresó su descontento ante la falta de claridad en el proceso legislativo. “No podemos ir a un proceso electoral sin reglas previas, sin una legislación que otorgue certeza a quienes van a participar. Estamos haciéndola sobre las rodillas”, afirmó, criticando la rapidez con la que se implementaron las reformas.
Por su parte, el legislador panista por el Estado de Querétaro Ricardo Anaya Cortés cuestionó la intención de Morena al argumentar que estas reformas buscan consolidar un control absoluto del Poder Judicial. “¿De qué sirve que salga el pueblo a votar en junio de 2025, si ustedes ya decidieron por el pueblo quién va a aparecer en las boletas?”.
Desde el PRI, Claudia Anaya describió las reformas como un “cochinero”, enfatizando que la justicia debe ser imparcial y no estar sujeta a la opinión pública. “Los jueces representan la ley, y las sentencias no deben de ser populares, deben de ser legales”, destacó, al tiempo que alertó sobre el riesgo de caer en un “populismo judicial”.
La senadora Alejandra Barrales, del PRD, también se sumó a las críticas, señalando que la politización del Poder Judicial es una grave amenaza para la justicia. “Esto evidentemente trae errores y nos va a llevar a cometer errores, porque no estamos actuando con responsabilidad”, afirmó, refiriéndose a la urgencia con la que se impulsaron las reformas.
A favor de las reformas, la morenista Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, defendió la necesidad de establecer “reglas claras” para la elección de los cargos del Poder Judicial de la Federación. Según ella, democratizar el Poder Judicial es un paso necesario para hacer la justicia más accesible a la ciudadanía.
Las reformas introducen un nuevo modelo electoral para la selección de jueces y magistrados, con un proceso que incluye la convocatoria, la postulación de candidaturas y la organización de la elección. También se establecen normativas para la propaganda, encuestas y sondeos de opinión, así como el acceso a medios de comunicación y campañas electorales.
El decreto fue enviado a la Cámara de Diputados para su revisión y los efectos constitucionales correspondientes. Las fechas clave para la elección de los nuevos jueces y magistrados ya han sido establecidas, comenzando con la emisión de la convocatoria general el 16 de octubre de 2024.
Con este marco normativo, el Senado busca regular la participación ciudadana en la renovación del Poder Judicial, un proceso que se perfila como uno de los más significativos en el contexto político del país. La próxima elección no solo definirá a los funcionarios que impartirán justicia, sino que también tendrá un impacto duradero en la relación entre el Estado y la sociedad.
A medida que se avanza hacia el 2025, las discusiones en torno a la legitimidad y transparencia de este proceso electoral seguirán siendo objeto de intenso escrutinio.