Advierte que Morena concentra poder, criminaliza conductas sin prevención y erosiona la democracia
Por Félix Muñiz
La senadora del PRI por el estado de Sinaloa, Paloma Sánchez Ramos, lanzó una crítica severa contra Morena al denunciar que, con el cierre del periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República, la mayoría oficialista consolidó una agenda legislativa que avanza con el autoritarismo y elimina derechos fundamentales.
De acuerdo con la legisladora priista Paloma Sánchez, las reformas aprobadas debilitan el Estado de derecho, afectan gravemente al campo mexicano y dejan sin protección real a las víctimas de extorsión.
La parlamentaria del PRI Paloma Sánchez advirtió que Morena impulsó una serie de decisiones orientadas al debilitamiento de los contrapesos democráticos, la concentración del poder y la reducción de libertades ciudadanas.
Uno de los ejemplos más preocupantes, señaló, es la reforma a la Ley de Amparo, la cual consideró un ataque directo a una de las principales herramientas jurídicas con las que cuenta la ciudadanía para defenderse de los abusos de autoridad. Esta modificación, afirmó, coloca en situación de indefensión a personas y comunidades frente a actos arbitrarios del gobierno.
En su posicionamiento, la senadora del PRI también cuestionó con dureza la aprobación de la nueva Ley de Aguas, que ha provocado inconformidad social y protestas de productores en distintas regiones del país, incluyendo bloqueos de carreteras y aduanas tras la pérdida de concesiones. Sánchez Ramos subrayó que esta legislación no resolverá la crisis hídrica ni garantizará el acceso equitativo al agua, pero sí otorga al gobierno un poder discrecional para decidir quién puede producir y quién no, afectando directamente la libertad económica del sector agrícola y poniendo en riesgo la viabilidad del campo.
Otro de los puntos que la legisladora calificó como alarmantes es la aprobación de una ley contra la extorsión que carece de asignación presupuestal.
Para la legisladora Sánchez Ramos, se trata de una simulación legislativa que busca aparentar un combate al delito sin ofrecer soluciones reales. “Se presume un combate a la extorsión, pero no se destina un solo peso. En los hechos, las víctimas permanecen solas frente a los criminales”, advirtió, señalando la falta de respaldo institucional a quienes sufren este delito.
Asimismo, criticó la prohibición de vapeadores bajo el argumento de la salud pública, calificándola de medida incongruente y punitiva. La senadora recordó que el sistema hospitalario enfrenta desabasto de medicamentos y graves carencias, por lo que criminalizar el consumo no atiende de fondo los problemas de salud ni fortalece la prevención o el tratamiento de las adicciones.
Finalmente, la priista sinaloense Paloma Sánchez alertó que el cambio en la titularidad de la Fiscalía no modificará la grave situación de inseguridad que vive el país. Aseguró que, bajo el actual gobierno, la justicia no persigue a los delincuentes, pero sí se utiliza para acosar a opositores políticos.