Se va a romper el equilibrio del tripartismo que ha venido dando solidez al Infonavit por 53 años
Por Félix Muñiz
El gobierno de Morena ha sido acusado de llevar a cabo uno de los mayores despojos a los trabajadores mexicanos con la reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Este jueves, en las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos del Senado, se aprobó la reforma que se votará mañana en el Pleno de la Cámara Alta.
Con esta aprobación, los ahorros de 30 millones de trabajadores quedarán bajo el control exclusivo del director general del Infonavit, quien administrará 2.4 billones de pesos sin los mecanismos de transparencia ni contrapesos necesarios.
Las senadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mely Romero Celis y Claudia Anaya Mota, expresaron su rotundo rechazo a la reforma y acusaron a los legisladores de Morena y sus aliados de engañar a los trabajadores con promesas de mejoras para el Infonavit.
Agregaron que los detalles de la reforma demuestran un plan que pone en riesgo el patrimonio de los mexicanos y favorece la concentración de poder en una sola persona, lo cual podría dar paso a la corrupción.
La senadora Mely Romero Celis advirtió que esta concentración de poder no solo representa un riesgo de corrupción, sino que también desmantela el equilibrio tripartito que ha garantizado el funcionamiento del Infonavit durante más de cinco décadas. “La concentración del poder significa corrupción, inevitablemente corrupción”.
Romero Celis argumentó que la reforma no tiene como objetivo mejorar el acceso a la vivienda, sino que busca concentrar el poder en una figura centralizada: el director general del Infonavit, quien podrá tomar decisiones sin contar con la supervisión adecuada. De acuerdo con la reforma, la nueva empresa que manejará los ahorros de los trabajadores no estará sujeta a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ni a la Ley General de Contabilidad, lo que implica que no existirá una supervisión adecuada de los recursos.
“No solo están tomando el dinero ahorrado en las cuentas de Afore, sino lo que van a trabajar toda su vida los trabajadores, a disposición de una filial que no va a rendir cuentas”, denunció la senadora priista.
Romero Celis también alertó sobre la vulneración de las facultades de los trabajadores y patrones en la designación del director del Infonavit. Según la reforma, será el gobierno quien designe al director, eliminando el equilibrio tripartito que ha sido fundamental para la estabilidad del organismo. La senadora indicó que el nuevo director tendrá poder absoluto, incluido el derecho de veto sobre cualquier resolución, incluso si trabajadores y patrones están de acuerdo.
Por su parte, la senadora Claudia Anaya cuestionó el enfoque de la reforma que pretende usar dinero privado para la construcción de vivienda, algo que históricamente se había financiado con presupuesto público. “Está muy bien que el Gobierno construya casas, pero lo ha hecho con dinero público, no con dinero privado”.
Anaya Mota, quien también criticó el endurecimiento de los requisitos para acceder a los créditos de vivienda, lo que favorecería el modelo de renta impuesto por el gobierno, un modelo que, según la legisladora, no dará los resultados esperados.
Anaya también denunció la eliminación de las facultades de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el Infonavit. La reforma, según la senadora, otorga al gobierno más control sobre el recurso de los trabajadores, incluso sin los mecanismos de fiscalización necesarios para garantizar la correcta administración de los fondos.
Ambas legisladoras del PRI hicieron un llamado a rechazar este proyecto de reforma, que consideran un “atraco legislativo” que pone en peligro el patrimonio de los trabajadores. Las senadoras Mely Romero y Claudia Anaya dejaron claro que seguirán defendiendo los derechos de los trabajadores y lucharán contra cualquier intento de despojo de los recursos de los mexicanos.
Con este rechazo firme, el PRI reafirma su postura de oposición ante lo que consideran un intento de concentración de poder por parte del gobierno, que podría poner en riesgo no solo los ahorros de los trabajadores, sino también el funcionamiento del Infonavit y la transparencia en la administración de los recursos destinados a la vivienda.