Productores han perdido 12 millones de toneladas de producción y México importa más de la mitad del maíz
Por Félix Muñiz
En un momento crítico para el campo mexicano, senadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunciaron con firmeza que Morena traiciona al campo y utiliza el agua como arma política, al impulsar una Ley General de Aguas elaborada sin diálogo, sin consenso y sin escuchar a quienes dependen directamente del recurso: los pueblos indígenas, los agricultores, ganaderos y municipios del país.
Las senadoras Paloma Sánchez Ramos y Mely Romero Celis acusaron al gobierno morenista de avanzar en una política hídrica centralista que no solo vulnera derechos, sino que busca someter al sector productivo mediante el control absoluto del agua, un recurso vital que ahora se convierte en instrumento de presión política.
Ambas legisladoras subrayaron que, mientras el campo enfrenta una de sus peores crisis en décadas, el gobierno opta por aprobar una ley que lo golpea aún más. Recordaron que México ha dejado de producir 12 millones de toneladas en los últimos años y actualmente importa más del 50% del maíz, mientras los márgenes de ganancia de los productores se desplomaron hasta 40%. Ante este panorama, dijeron, el gobierno no solo abandona al campo, sino que ahora pretende debilitarlo con regulaciones punitivas.
La senadora Paloma Sánchez Ramos explicó que el proyecto de ley tiene tres propósitos sumamente graves:
- Centralizar el control del agua en un gobierno que ya concentra el poder.
- Reasignar volúmenes hídricos con criterios políticos, no técnicos.
- Limitar la libertad productiva, al convertir a los productores en actores dependientes y vulnerables.
La legisladora advirtió que Morena pretende transformar las concesiones de agua en permisos temporales, dejando a los productores en incertidumbre total. “Quieren un campo rendido, callado y sumiso. Lo que no lograron con falta de apoyo ahora intentan imponerlo con miedo”, denunció.
Por su parte, la senadora Mely Romero Celis señaló que esta ley no garantiza el derecho humano al agua, pues carece de presupuesto y de herramientas para atender las necesidades básicas del sector hídrico. Recordó que la Conagua acumula 144 mil trámites rezagados y opera con 52% menos recursos que en 2023, por lo que es incapaz de asumir las nuevas funciones que Morena pretende imponerle.
La priista alertó sobre la gravedad de eliminar el artículo que permitía transferir derechos de agua, pues ello convierte actividades esenciales del campo en posibles delitos: cambiar cultivos, dar agua al ganado, captar lluvia o compartir agua en una emergencia. “Sin agua la tierra no vale. Esta ley condena a miles de familias a perder su patrimonio”, sentenció.
Las senadoras coincidieron en que los productores han sido víctimas de foros simulados y acuerdos ignorados, una práctica que refleja un desprecio profundo hacia el sector rural. Recordaron que el gobierno ya desmanteló instituciones clave como Financiera Rural y retiró apoyos que sostenían a miles de familias. “A los que protestan los llaman privilegiados, mientras destruyen los programas que los mantenían de pie”, señalaron.
Finalmente, afirmaron con contundencia que el agua no es propiedad del gobierno y que la nueva ley no busca justicia hídrica, sino control político. El Grupo Parlamentario del PRI reiteró su rechazo total al dictamen y exigió escuchar realmente a los productores, corregir el rumbo e impedir que el agua —fuente de vida— se convierta en herramienta de sometimiento.