Están generando la peor ola de corrupción en la historia del país, creando un mecanismo para robar los recursos públicos
Por Félix Muñiz
En medio de fuertes críticas por parte de la oposición, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual ha generado controversia por presuntamente abrir la puerta a la corrupción en la asignación de contratos gubernamentales.
El senador del PAN por el Estado de Michoacán Marko Cortés Mendoza, denunció que la modificación al artículo 26 Bis de dicha ley representa, en sus palabras, “la legalización de los moches” al permitir acuerdos previos entre autoridades y contratistas antes de los procesos de licitación pública.
Durante su intervención en la tribuna del Senado, el político michoacano Marko Cortés acusó a Morena y sus aliados de impulsar la reforma de manera apresurada, sin el debido debate legislativo ni participación plena de los senadores. “Meten un dictamen que no estaba considerado para esta sesión, cuando el pleno está medio vacío y el país está a punto de entrar al receso de Semana Santa”.
De acuerdo con el senador panista, los llamados “diálogos estratégicos” contemplados en la reforma vulneran el principio constitucional de licitación pública, establecido en el artículo 134 de la Constitución.
Aseguró que estos mecanismos permiten que se pacten condiciones con contratistas antes de la licitación formal, lo que elimina la transparencia y abre la puerta a actos de corrupción.
“El gobierno federal, sus gobernadores y alcaldes están generando la peor ola de corrupción en la historia del país”, declaró Cortés. Añadió que con esta reforma se otorga “una licencia para robar”, al permitir que funcionarios negocien con posibles proveedores sin consecuencias legales, ya que el nuevo marco normativo lo contempla como una práctica válida.
La mayoría parlamentaria de Morena defendió la reforma argumentando que busca agilizar los procesos de contratación pública y mejorar la eficiencia en la ejecución de obras. Sin embargo, para la oposición, el cambio representa un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Cortés también lamentó la falta de discusión abierta en el Pleno, y señaló que la reforma fue aprobada de manera estratégica en una fecha cercana a días festivos, lo que, a su juicio, demuestra la intención de minimizar el escrutinio público y mediático.
El grupo parlamentario del PAN manifestó su rechazo total a la reforma, adelantando que buscarán vías legales para impugnarla. “Votamos en contra porque no nos prestamos a legalizar la corrupción”, afirmó el líder panista.
Con esta reforma, la oposición alerta sobre el debilitamiento de los mecanismos constitucionales que garantizan la equidad y transparencia en la contratación pública. La discusión continúa ahora no sólo en el ámbito legislativo, sino también en la opinión pública y los tribunales.