“No tiene ni caso hacerles caso”, indica Dolores Padierna
Por Félix Muñiz
La reciente decisión de dos jueces, uno en Chiapas y otro en Morelos, de otorgar una suspensión que impide la discusión de la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados ha generado una controversia significativa. Esta suspensión se produjo justo antes del sexto informe de Gobierno que la diputada Luisa María Alcalde, del partido Morena, presentará esta tarde en la cámara baja.
Arturo Ávila, diputado de la fracción de Morena en San Lázaro, ha anunciado que el partido y sus aliados están considerando la posibilidad de solicitar un juicio político contra los jueces que emitieron esta suspensión. Según Ávila, los jueces no tienen atribuciones para suspender acciones legislativas que aún no se han llevado a cabo, lo que, según él, podría constituir una intromisión indebida en el ámbito del Poder Legislativo.
Ávila se refirió a las declaraciones de Ricardo Monreal, coordinador de los legisladores de Morena, quien ya había manifestado la posibilidad de emprender acciones legales contra los jueces. La suspensión emitida por los jueces ha provocado un desacuerdo entre los legisladores y ha reavivado el debate sobre la independencia de los poderes en México y el alcance de sus atribuciones.
En respuesta a la suspensión, Ávila aseguró que la reforma judicial no se detendrá por la decisión de los jueces. El legislador expresó su confianza en que la reforma será discutida y aprobada en la Cámara de Diputados en un plazo de dos semanas. Ávila subrayó la importancia de seguir adelante con la reforma para garantizar su implementación y evitar retrasos innecesarios.
Sin embargo, la propuesta de solicitar un juicio político no cuenta con el apoyo unánime dentro del grupo parlamentario de Morena. La legisladora Dolores Padierna discrepó con Ávila y sugirió que no se debe dar demasiada importancia a la suspensión. Según Padierna, los jueces que emitieron la orden podrían no estar completamente informados sobre la Constitución y, por lo tanto, sus decisiones no deberían influir en el avance de la reforma.
Mientras tanto, la discusión sobre el sexto informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene como un evento clave en la agenda política. Ávila calificó el informe como único e irrepetible, destacando las cifras que presentará, incluyendo el nivel de empleo en el país. Según el diputado, el informe reflejará logros importantes en términos de empleo y otras áreas clave de la administración federal.
El contexto actual pone de relieve la tensión entre los diferentes poderes del gobierno y la complejidad de las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La posibilidad de un juicio político contra los jueces añade una capa adicional de conflicto en el debate sobre la reforma judicial y plantea preguntas sobre la separación de poderes y el equilibrio institucional en México.
A medida que la Cámara de Diputados se prepara para la discusión del informe y la reforma, el escenario político continúa evolucionando. La decisión sobre si se procederá con el juicio político contra los jueces y la respuesta del Poder Judicial a esta posible acción serán factores cruciales en los próximos días, influyendo en la dinámica legislativa y en el futuro de la reforma judicial en México.