Con la Reforma Judicial algunos perderán sus empleos, pero serán liquidados conforme a derecho
Por Félix Muñiz
El consejero de la Judicatura Federal Bernardo Bátiz Vázquez, ha generado controversia al admitir que, con la entrada en vigor de la nueva reforma judicial, algunos trabajadores del Poder Judicial perderán sus empleos.
Entrevistado en el Senado después de la instalación de la Comisión de Justicia, Bernardo Bátiz defendió la reforma, que incluye la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, afirmando que democratizará el sistema judicial y lo alineará con los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Al ser cuestionado sobre si el rumbo del país va bien, el maestro Bátiz señalo que desde hace 6 años nos decían que íbamos al desastre y las cosas van bien con la participación de toda la gente y no nada más con los poderes facticos.
El maestro Bátiz Vázquez calificó la reforma como una “revolución” y un paso adelante hacia un Poder Judicial más moderno, alejado de los métodos tradicionales de designación.
“No nos quedamos anclados en el pasado”, dijo, al tiempo que argumentó que la independencia de los juzgadores no se verá comprometida, pues dependerá de cada uno de ellos. Esta afirmación, sin embargo, despierta interrogantes sobre la efectividad de un sistema que, en teoría, debería garantizar imparcialidad.
La declaración de Bátiz sobre los despidos, aunque matizada con promesas de respeto a los derechos laborales, genera preocupación. Al mencionar que algunos trabajadores “van a perder su trabajo”, minimiza el impacto que esto podría tener en las vidas de muchas familias.
Aunque garantiza liquidaciones y pensiones, la incertidumbre sobre el futuro laboral de estos empleados es innegable. La promesa de un proceso transparente y justo no parece suficiente para calmar las inquietudes de aquellos que ahora enfrentan la inminente posibilidad del desempleo.
La crisis por el paro indefinido que convocaron trabajadores, jueces, magistrados y ministros ha dejado en claro que el ambiente dentro del Poder Judicial es tenso y polarizado. A pesar de que Bátiz declaró que las actividades se reanudarían pronto, la presión sobre el sistema judicial es palpable. La falta de estabilidad podría llevar a un desgaste aún mayor, afectando la capacidad del Poder Judicial para cumplir con su función fundamental de impartir justicia.
Un punto crítico que Bátiz mencionó es el riesgo de infiltración de intereses indebidos en la elección de los nuevos jueces. Reconoció que la delincuencia organizada podría intentar influir en el proceso electoral, una realidad que no debe ser subestimada en un contexto donde la corrupción y la impunidad son problemas arraigados.
Sin embargo, su propuesta de enfrentar estos riesgos con mecanismos de transparencia suena a un deseo más que a un plan sólido. La historia ha demostrado que los sistemas democráticos pueden ser vulnerables, y los intentos por establecer controles a menudo se ven empañados por la falta de voluntad política.
La reforma, entonces, se presenta como un arma de doble filo. Si bien puede ofrecer una nueva forma de elegir a los juzgadores y potencialmente mejorar la representación del pueblo en el sistema judicial, también plantea serias preocupaciones sobre la estabilidad laboral y la calidad del servicio judicial. La independencia de los jueces y su capacidad para actuar sin presiones externas son fundamentales para la justicia y el camino hacia un sistema verdaderamente democrático debe ser recorrido con cautela.
Al final, Bátiz se desmarcó de las ambiciones políticas, al afirmar que “mi futuro ya pasó”, sugiriendo que es tiempo de que “vengan los jóvenes”. Sin embargo, su legado, en forma de reformas y despidos, es algo que impactará al sistema judicial en el futuro cercano. En un momento crucial para la justicia en México, la pregunta persiste: ¿estamos realmente avanzando hacia un sistema más justo, o solo estamos cambiando de caras sin abordar los problemas estructurales que nos han llevado hasta aquí?