El marco legal existente ya otorga hasta 2028 al Ejecutivo la facultad de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública
Por Félix Muñiz
El próximo domingo se llevará a cabo una sesión crucial en el Congreso, donde se declara constitucional la reforma que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Sin embargo, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) han decidido no asistir, manifestando su firme rechazo a esta medida que, según ellos, perpetúa una estrategia fallida en materia de seguridad pública.
La decisión del PAN se basa en su convicción de que mantener a la Guardia Nacional bajo el control militar no solo es innecesario, sino también contraproducente. En un contexto donde la inseguridad en México sigue siendo un tema candente, los líderes del partido, Guadalupe Murguía y Noemí Luna, han enfatizado que esta reforma no debe ser convalidada con su presencia.
La argumentación es clara: el marco legal existente ya otorga hasta 2028 al Ejecutivo la facultad de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Por lo tanto, aseguran que no hay urgencia en aprobar una reforma que, a su juicio, solo refuerza un modelo que ha demostrado su ineficacia.
A lo largo del debate, el PAN ha instado a que la seguridad pública regrese a manos civiles, y ha subrayado que es fundamental fomentar un enfoque que contemple la participación activa de los estados y municipios. En este sentido, la falta de recursos y apoyo a las policías locales ha sido un punto crítico en su discurso. La administración actual ha sido acusada de desmantelar las fuerzas de seguridad locales, lo que deja a las comunidades sin los mecanismos adecuados para enfrentar la violencia.
Además, la oposición ha expresado su preocupación por la falta de consulta y deliberación en torno a una reforma de tal magnitud. Consideran que un tema tan delicado y fundamental para la seguridad de los ciudadanos merece un amplio debate que incluya la voz de las entidades federativas. Esta postura resuena con la idea de que la solución a la inseguridad debe ser integral y sustentada en la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno.
En su declaración, las coordinadoras del PAN también hicieron un llamado a construir alternativas reales que enfrenten el problema de la inseguridad de manera efectiva. No se trata solo de trasladar la responsabilidad a las Fuerzas Armadas, sino de desarrollar estrategias que fortalezcan a las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública. Este enfoque busca no solo mejorar la efectividad de las fuerzas policiales, sino también restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Es fundamental recordar que el contexto de esta discusión no se limita únicamente a la reforma en cuestión. La seguridad es un tema transversal que afecta la calidad de vida de millones de mexicanos. En este sentido, la propuesta del PAN de revitalizar las policías locales, dotándolas de los recursos y la capacitación necesarios, podría ser un paso hacia una solución más duradera.
Por otro lado, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, aprobado recientemente por unanimidad, demuestra que en medio de esta polarización política, hay espacios para el consenso. Las y los legisladores del PAN han reiterado su compromiso con las comunidades indígenas, resaltando la importancia de preservar su diversidad cultural y tradiciones. Esto subraya que, aunque el debate sobre la Guardia Nacional es álgido, hay temas en los que la unidad y el diálogo pueden prevalecer.
Finalmente, la decisión del PAN de no asistir a la sesión del domingo es un claro mensaje sobre la necesidad de revisar y repensar las estrategias de seguridad en México. La insistencia en un enfoque civil y en el fortalecimiento de las fuerzas locales podría ser clave para enfrentar los retos que enfrenta el país en materia de seguridad pública. La pregunta que queda es si este llamado será escuchado por quienes tienen el poder de decidir.