Denuncia que la tala clandestina y tráfico de flora y fauna silvestre vinculados a grupos delictivos generan daños ambientales
Por Felix Muñiz
En un paso firme hacia la protección ambiental y la defensa de la soberanía nacional, el senador priista Pablo Angulo Briceño presentó una relevante iniciativa en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Su propuesta busca reformar la Ley de Seguridad Nacional para tipificar como amenaza a la seguridad nacional la explotación ilícita de recursos naturales, especialmente cuando estas actividades estén financiadas por el crimen organizado.
La iniciativa legislativa del senador Angulo Briceño plantea una reforma de fondo a los artículos 4, 5 y 61 de dicha ley. El objetivo central es clasificar como amenazas a la integridad del Estado mexicano los actos ilícitos vinculados con la extracción, tráfico o destrucción de recursos naturales estratégicos, como el robo de combustibles, la pesca furtiva, la tala clandestina y el tráfico de flora y fauna silvestre.
En la exposición de motivos, el legislador campechano subrayó que estos delitos ambientales están cada vez más relacionados con organizaciones criminales, lo cual representa no solo un peligro para la biodiversidad del país, sino también para la seguridad energética, alimentaria y territorial. Estos crímenes provocan desplazamientos forzados de comunidades, graves daños ecológicos y significativas pérdidas económicas para la nación.
“La actual Ley de Seguridad Nacional no contempla explícitamente estos delitos ni establece mecanismos de coordinación operativa”, advirtió Angulo, quien señaló que esta omisión legal limita la capacidad del Estado mexicano para responder de forma efectiva y coordinada ante estas amenazas.
La propuesta del senador incluye principios rectores para la actuación del Estado, como la paz, la legalidad, la responsabilidad, el respeto a los derechos humanos y el cuidado ambiental, asegurando que cualquier acción en el marco de la seguridad nacional sea congruente con el desarrollo sostenible.
Además, la iniciativa está alineada con el artículo 27 constitucional, que reconoce como propiedad de la Nación los recursos naturales, así como con instrumentos internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y el Acuerdo de Escazú, ambos compromisos clave en materia ambiental.
Angulo Briceño enfatizó que esta reforma es urgente y necesaria para cerrar vacíos legales y frenar el avance del crimen organizado sobre los recursos naturales. “Proteger nuestros recursos no es solo un deber ambiental, sino una cuestión de seguridad nacional y de derechos. Esta reforma busca blindar el patrimonio natural de México”, declaró el senador.
Con esta propuesta, el Congreso tiene la oportunidad de fortalecer el marco jurídico mexicano, promoviendo un enfoque proactivo y protector de los recursos estratégicos del país.
Al considerar a la explotación ilícita de recursos naturales como amenaza a la seguridad nacional, se abre un nuevo frente legal contra las redes criminales y se reafirma el compromiso del Estado con el bienestar ambiental y social de México.