2,500 homicidios y más de 3,000 desaparecidos exhiben el fracaso de la estrategia de seguridad, denuncia la senadora priista
Por Félix Muñiz
A dieciocho meses del recrudecimiento de la violencia en Sinaloa, la senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, lanzó una crítica frontal contra la estrategia de seguridad del gobierno federal, al asegurar que la entidad enfrenta una crisis sin precedentes mientras las autoridades responden con discursos y visitas protocolarias que no modifican la realidad en las calles.
En sus redes sociales la legisladora priista por el Estado de Sinaloa Paloma Sánchez, las cifras que expuso son demoledoras: 2 mil 500 homicidios y más de 3 mil personas desaparecidas en año y medio, además de 106 niñas, niños y adolescentes asesinados y 333 menores con reporte de desaparición. Más que estadísticas, subrayó, se trata de vidas truncadas y familias rotas en un estado que, acusa, ha sido dejado a su suerte.
La legisladora sinaloense Sánchez Ramos sostuvo que la reciente visita de la presidenta de la República y del Gabinete de Seguridad no trajo consigo resultados tangibles. Por el contrario, mientras la comitiva oficial se encontraba en Mazatlán, fue asesinada Rubí Patricia, madre buscadora. El crimen, ocurrido en medio de la presencia de autoridades federales, se convirtió en un símbolo doloroso de la incapacidad gubernamental para garantizar protección incluso en momentos de máxima visibilidad política.
La narrativa oficial de que “Sinaloa no está solo” fue duramente cuestionada por la senadora. Ese mismo día, recordó, se registraron ataques armados en Culiacán, entre ellos la agresión contra un padre y su hijo dentro de un restaurante.
El mensaje que reciben los ciudadanos, señaló, es devastador: ni la presencia presidencial ni los operativos anunciados logran contener la violencia cotidiana.
Sánchez Ramos describió un clima de miedo permanente. Comerciantes, familias y estudiantes conviven con la incertidumbre de no saber si regresarán a casa. En su diagnóstico, la estrategia actual no solo es insuficiente, sino que evidencia una desconexión alarmante entre el discurso oficial y la realidad que padecen miles de sinaloenses.
La crítica no se limita a los números, sino al enfoque. La senadora afirmó que la ciudadanía esperaba anuncios concretos, ajustes tácticos o nuevas acciones durante la visita presidencial. En su lugar, dijo, se ofrecieron declaraciones que no resuelven la crisis estructural que vive el estado. Para las víctimas y sus familias, agregó, los mensajes institucionales resultan huecos frente a la magnitud del problema.
La priista fue más allá al señalar que la situación confirma la falta de resultados en la política de seguridad implementada en los últimos años. Dieciocho meses de violencia sostenida, sostuvo, no pueden explicarse como episodios aislados ni como daños colaterales inevitables. Se trata, afirmó, de una crisis prolongada que exige decisiones de fondo.
Desde una perspectiva crítica, la denuncia coloca nuevamente en el centro del debate la efectividad de la estrategia federal frente a los grupos criminales. Las cifras expuestas por la senadora obligan a preguntarse si los operativos, la coordinación interinstitucional y los programas sociales han sido suficientes para contener la espiral de violencia en Sinaloa.
Sánchez Ramos urgió a revisar de manera integral la política de seguridad y a brindar atención inmediata a las miles de familias afectadas. En un estado donde los homicidios y desapariciones se han vuelto parte del panorama diario, la exigencia no es retórica: es una demanda de supervivencia.