Una reforma con dedicatoria política y evidente sesgo político y su intención de alterar la competencia democrática
Por Félix Muñiz
La llamada Ley Gobernadora en San Luis Potosí se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de cómo el poder puede torcer el discurso de la igualdad para imponer reglas a modo.
Vale mencionar que la Ley Gobernadora aprobada en el congreso local en este mes de diciembre 2025, establece que solo se podrán postular mujeres para la gubernatura de San Luis Potosí en las elecciones 2027
En conferencia de prensa al término de la Sesión Permanente la senadora del PAN, Verónica Rodríguez, anunció que su partido presentará, en el tiempo procesal oportuno, una acción de inconstitucionalidad contra esta legislación impulsada en el Congreso local, una norma que desde su origen ha levantado sospechas por su evidente sesgo político y su intención de alterar la competencia democrática.
Durante su posicionamiento, la legisladora panista fue clara: Acción Nacional, tanto desde el Comité Directivo Estatal como desde el Comité Ejecutivo Nacional, se encuentra analizando jurídicamente la viabilidad del recurso constitucional. No se trata de una postura improvisada, sino de una reacción frente a una ley que, bajo el argumento del empoderamiento femenino, parece diseñada para excluir perfiles específicos y bloquear proyectos políticos incómodos para el oficialismo.
La crítica es severa y justificada. El PAN ha sido históricamente un partido que respalda la participación política de las mujeres y la igualdad sustantiva. Sin embargo, como subrayó Verónica Rodríguez, ese respaldo no puede utilizarse como pretexto para violar los derechos político-electorales de hombres y mujeres. La igualdad no se construye mediante leyes selectivas ni con reformas hechas “a la medida”, sino garantizando condiciones reales de competencia.
En el caso de la Ley Gobernadora, el señalamiento central es que no busca fortalecer la democracia, sino manipularla. Para nadie es secreto, como afirmó la senadora, que en San Luis Potosí existe un perfil competitivo dentro de Acción Nacional: el alcalde reelecto, quien representa una opción real para encabezar un proyecto de alternancia en el gobierno estatal. La nueva legislación, lejos de ser neutral, parece tener una clara dedicatoria política destinada a frenar esa posibilidad.
San Luis Potosí atraviesa un momento clave. La entidad tiene, como lo expresó Rodríguez, una enorme oportunidad de aspirar a un gobierno humanista, con contrapesos reales y con una visión distinta a la que hoy predomina. Pero esa oportunidad se ve amenazada cuando desde el Congreso se impulsan normas que distorsionan el juego democrático y buscan decidir, desde la ley, quién puede y quién no puede competir.
La eventual acción de inconstitucionalidad del PAN no solo será un recurso legal, sino un mensaje político contundente: la democracia no se defiende con discursos vacíos ni con reformas oportunistas, sino con leyes justas, imparciales y constitucionales.
La Ley Gobernadora en San Luis Potosí hoy está bajo la lupa, y su futuro podría definirse en los tribunales, donde quedará claro si se trata de una verdadera política de igualdad o de un instrumento más del control político.