Todos los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo están ligados al oficialismo de Morena
Por Félix Muñiz
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado ha lanzado duras críticas hacia la reciente conformación del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, encargado de seleccionar a jueces, magistrados y ministros para las elecciones de 2025.
La coordinadora de la bancada panista Guadalupe Murguía, calificó este proceso como una farsa, advirtiendo sobre la falta de autonomía e independencia en la elección de los integrantes, quienes, según ella, están profundamente vinculados al oficialismo y a la Cuarta Transformación.
En conferencia de prensa, Murguía destacó que la toma de protesta del Comité no se llevó a cabo ante el pleno del Senado, ni se convocó al PAN a la reunión de la Mesa Directiva, donde solo estuvieron presentes senadores de Morena y actores políticos que tuvieron influencia en la designación de los miembros. Esta exclusión, según Murguía, evidencia un proceso que carece de transparencia y legitimidad.
“Este es el Cártel Judicial con los rostros de quienes serán los operadores, pero también los padrinos”, aseguró la senadora, aludiendo a figuras prominentes dentro del oficialismo como Sergio Gutiérrez Luna, Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Murguía subrayó que estos “padrinos” tendrán una influencia desmedida en las decisiones que afectarán a la justicia en el país, poniendo en duda la integridad del proceso.
El Comité, que tendrá la responsabilidad de definir las listas de candidatos para jueces y magistrados, ya presenta un “vicio de origen” debido a sus conexiones con el gobierno federal y otros legisladores. Murguía argumentó que esto compromete su capacidad para evaluar de manera objetiva quiénes son las mejores propuestas para el sistema judicial, y advirtió que los intereses políticos prevalecerán sobre el bienestar de la ciudadanía.
La senadora panista por el Estado de Querétaro hizo un llamado a la sociedad civil para que se mantenga alerta y alce la voz contra lo que considera una simulación que engaña al pueblo de México. “No podemos caer en engaños”, insistió, reclamando la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en los procesos de selección.
El escándalo se intensificó cuando se revelaron los vínculos de los miembros del Comité con figuras cercanas al oficialismo. Ana Patricia Briseño Torres, por ejemplo, es señalada como cercana a Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, Diana Karina Barreras, actual diputada federal por el Partido del Trabajo. Maday Merino Damián es descrita como incondicional del coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López, desde 2018, cuando ocupó un cargo relevante en el Instituto Estatal Electoral de Tabasco.
Gabriela Sánchez también enfrenta cuestionamientos por su relación con el senador Enrique Inzunza y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Por su parte, Maribel Concepción Méndez está ligada directamente a Ricardo Monreal, lo que aumenta las sospechas sobre la imparcialidad del Comité.
Andrés Norberto García Dávila, quien fue representante de Morena en Tamaulipas, también ha sido mencionado en este entramado de relaciones que parecen minar la integridad del proceso de selección. Las conexiones reveladas subrayan el temor de que el Comité de Evaluación se convierta en una herramienta para consolidar un “Cártel Judicial” que beneficie a ciertos intereses políticos, en detrimento de la justicia.
En un contexto donde la independencia del sistema judicial es crucial para el fortalecimiento de la democracia, las denuncias del PAN ponen de manifiesto una serie de preocupaciones sobre la dirección que podría tomar la selección de jueces y magistrados. Este episodio resalta la necesidad urgente de revisar y fortalecer los mecanismos de evaluación y selección, para asegurar que estén libres de influencias políticas y alineados con los principios de justicia y equidad.