Expuso que no es un caso aislado, sino un patrón, porque estos vínculos de Morena con el crimen organizado se ven en diversos estados del país.
Por Félix Muñiz
Acción Nacional ha lanzado una dura exigencia al gobierno federal y estatal para que se realice una investigación a fondo “tope donde tope” en el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Esta demanda no es una más en la larga lista de acusaciones cruzadas entre partidos: es una denuncia que apunta directamente al corazón del poder y que exhibe, una vez más, la profunda putrefacción que corroe a las instituciones de seguridad del país.
El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, fue tajante en su declaración: “Nuestra postura es muy clara: que se investigue a fondo y que una vez que existan las conclusiones, se proceda con toda firmeza, tope donde tope”.
Esta expresión, repetida con énfasis, no es casual: refleja la indignación ante un patrón sistemático de complicidad entre el crimen organizado y altos funcionarios ligados a Morena.
El caso de Hernán Bermúdez no es menor. Según múltiples reportes periodísticos, sus nexos con organizaciones criminales eran conocidos antes de su nombramiento. Ni el gobernador de Tabasco ni el entonces presidente de la República pueden alegar desconocimiento. ¿Cómo se explica que alguien con semejantes antecedentes haya sido designado para uno de los cargos más delicados del estado? La respuesta es tan inquietante como obvia: hay tolerancia, encubrimiento o, peor aún, colaboración desde las más altas esferas del poder.
Durante la conferencia de prensa, Ricardo Anaya estuvo acompañado por los diputados Federico Döring, Diana Gutiérrez y Mario Íñiguez, quienes coincidieron en señalar que el crecimiento desbordado del crimen organizado en México no sería posible sin la complicidad de las autoridades.
La seguridad pública se ha convertido en un teatro de simulación donde se combate a la delincuencia de día, pero se pacta con ella de noche.
El PAN también subrayó que este no es un hecho aislado, sino parte de un peligroso patrón nacional. Casos similares han salido a la luz en Sinaloa, Tamaulipas y Baja California, entidades donde Morena gobierna y donde el crimen organizado actúa con una impunidad cada vez más descarada.
La exigencia de una investigación formal y profunda no puede quedarse en el discurso mediático. Las autoridades deben actuar, deslindar responsabilidades y aplicar la ley con todo el rigor, caiga quien caiga. Lo contrario sería confirmar que en México ya no existe Estado de derecho, sino una red de complicidades en la que los criminales gobiernan desde las sombras.
El caso Hernán Bermúdez debe ser un parteaguas. El país no puede seguir tolerando que funcionarios con vínculos criminales estén al frente de la seguridad pública. Y el gobierno de Morena, si realmente tiene voluntad de justicia, debe demostrarlo no con palabras, sino con acciones contundentes. El pueblo exige justicia. Tope donde tope.