Es inadmisible que, en un país golpeado por la violencia, la corrupción y la impunidad, quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de las y los ciudadanos aparezcan relacionados con redes delictivas
Por Félix Muñiz
En medio de una crisis de seguridad que ha desgarrado al país, la dirigencia nacional del PAN y sus bancadas en el Congreso alzaron la voz con severidad: exigen una investigación a fondo sobre los presuntos vínculos entre gobiernos de Morena y el crimen organizado.
La denuncia no es menor. Se trata de un señalamiento directo que apunta al corazón del poder político en México, donde la complicidad con redes delictivas parece ya no ser la excepción, sino la norma.
“El caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, hoy prófugo de la justicia, no puede seguir siendo ignorado”, reclamó el dirigente Acción Nacional Jorge Romero Herrera.
El historial del exfuncionario (presuntamente ligado a grupos criminales) era, según diversas fuentes periodísticas, de conocimiento público desde antes de su nombramiento y sin embargo, ni el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández ni el expresidente Andrés Manuel López Obrador actuaron para impedir su ascenso.
Lo que el PAN denuncia no es solo un caso aislado, sino un padrón de encubrimiento institucional. “Es inadmisible que, en un país golpeado por la violencia, quienes deben garantizar la seguridad aparezcan relacionados con redes delictivas”, sentenciaron en un posicionamiento contundente. A esto se suma la gravedad de que Morena no solo no lo removió del cargo, sino que en 2023 incluso aceptó su afiliación partidista. Cuando el escándalo se volvió insostenible, intentaron lavarse las manos con una “expulsión” tardía y oportunista.
La exigencia del PAN es clara: se deben investigar no solo las acciones del exfuncionario, sino también a todos los servidores públicos que, por acción u omisión, permitieron su permanencia y posible colusión con el crimen. El silencio y la inacción de las autoridades federales y estatales no son neutros: son cómplices.
Este escándalo se suma a otros casos en Sinaloa, Tamaulipas, Baja California y otros estados gobernados por Morena, donde se repite el mismo patrón: protección política a criminales, encubrimiento institucional y ausencia de consecuencias. El avance del crimen organizado en México no puede entenderse sin la participación (directa o solapada) de quienes detentan el poder.
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN no se anduvo con medias tintas: “Es momento de defender a México con firmeza y valentía. No permitiremos que el poder público sea un escudo para quienes traicionan al Estado mexicano”.
La oposición ha exigido que las investigaciones sean exhaustivas, imparciales y con consecuencias legales reales, sin importar el nivel jerárquico o la filiación política de los involucrados. Lo contrario sería una burla más a una ciudadanía que vive bajo el asedio cotidiano de la violencia y el miedo.
Morena debe rendir cuentas. No hay justificación posible para el silencio cómplice ni para los pactos inconfesables que debilitan al Estado mexicano desde dentro. ¿Cuántos casos más deben salir a la luz antes de que se ponga un alto?