El riesgo es que la renuncia no sea el cierre de un ciclo, sino la apertura de un nuevo capítulo de control político con un fiscal cómodo, de cuota, obediente
Por Félix Muñiz
La crisis institucional que envuelve a la Fiscalía General de la República (FGR) volvió a escalar cuando Alejandro Gertz Manero envió una carta a la presidenta del Senado Laura Itzel Castillo para anunciar su “retiro” del cargo, argumentando que sería propuesto como embajador en un “país amigo”.
Sin embargo, lejos de tratarse de un proceso claro y constitucional, la misiva del fiscal abrió la puerta a un sospechoso reacomodo político, que el PAN en el Senado calificó como injustificado y carente de toda causa grave.
En voz del senador panista Raymundo Bolaños Azócar, la bancada panista desmontó punto por punto el intento de dar por válida una separación que no califica como renuncia, ni cumple con los requisitos constitucionales para proceder. Este episodio, que ya genera tensión política, revela un preocupante patrón: un fiscal que no renuncia, un gobierno que busca recolocarlo y un Senado presionado para convalidar lo inconvalidable.
Raymundo Bolaños fue categórico:
“El documento no dice en ningún lado que el fiscal renuncie. Lo único que anuncia es que lo han propuesto como embajador y que por ello se retira. Pero retirarse no es una figura de separación que el Senado pueda calificar. No hay causa grave”.
La severidad del planteamiento del PAN no es un capricho jurídico; es una urgencia institucional. La Constitución establece que el fiscal general sólo puede dejar el cargo por causas muy específicas, pues la FGR fue diseñada para evitar su subordinación al poder político. Permitir un “retiro” disfrazado equivaldría a validar una puerta trasera para manipular la Fiscalía, habilitando a un gobierno para colocar perfiles afines, “cómodos, de cuota y obedientes”, como advirtió el propio senador.
Al desmenuzar la legislación, Bolaños recordó que las únicas causas relevantes para separar a un fiscal son:
- Pérdida de la ciudadanía mexicana —que no se presenta.
- Incapacidad total o permanente mayor a seis meses, dictaminada por el ISSSTE —tampoco existe.
- Violaciones graves a la Constitución —que no han sido alegadas.
Entonces, ¿dónde está la causa grave? ¿En qué fundamento se sostiene esta pretensión de retiro? Nada, absolutamente nada, en la carta de Gertz Manero responde a ello. Lo único claro es que se irá de embajador. Y eso, insistió el PAN, no es causal de separación.
La crítica se agrava al contextualizar el momento político. México enfrenta territorios capturados por el crimen organizado, jueces asesinados y denuncias crecientes que vinculan estructuras de Morena con grupos criminales. ¿Y en ese escenario el gobierno busca recolocar al fiscal en un puesto diplomático, dejando un vacío en la FGR? El riesgo es monumental: un precedente de control político disfrazado de trámite burocrático.
Bolaños lo sintetizó con precisión: “La justificación es un engaño, pero el vacío institucional es real”.
Mientras el país exige justicia, transparencia y fortaleza institucional, el oficialismo parece empeñado en moldear las instituciones a su conveniencia. Por eso el PAN votó en contra: porque México no necesita un fiscal a modo, ni una Fiscalía debilitada, ni un juego político que pisotee la ley. Necesita certeza. Necesita Estado de derecho. Y esa batalla se libra hoy, en el Senado.