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Por supuesto que el campo de extermino en Teuchitlán es el Talón de Aquiles de la Presidenta Sheinbaum: Ricardo Anaya

Que no se quieran lavar las manos y echar culpas

Por Félix Muñiz

Luego de manifestar que “el Gobierno de Morena encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, debe asumir su responsabilidad en el problema de la inseguridad” el coordinador de los senadores del PAN Ricardo Anaya Cortes, dijo que esto tiene una explicación y tiene que ver por los seis años de una absurda política que se llamó abrazos no balazos, que implicó tolerar e inclusive abrazar delincuentes.

Entrevistado en el Senado de la República Ricardo Anaya, criticó de manera la gestión del Gobierno de Morena, especialmente en lo que respecta a la creciente inseguridad y el fenómeno de los “campos de exterminio”, como el caso en Teuchitlán, Jalisco.

El senador panista Ricardo Anaya aseguró que el problema de violencia e inseguridad en México no es un tema regional, sino nacional, que afecta a prácticamente todo el país.

A pregunta expresa en el sentido de que para  la Presidenta Sheinbaum lo que ocurrió en el Rancho Izaguirre, no será su talón de Aquiles, el legislador queretano Ricardo Anaya comentó que la violencia y la inseguridad en el país, que por supuesto hoy tienen su máxima expresión en ese rancho, sin duda alguna, son el principal talón de Aquiles del gobierno, pero sobre todo del país.

 

Para el político panista Anaya Cortes, este enfoque fue un error que permitió la expansión del crimen organizado y de las fosas clandestinas, como las descubiertas recientemente en Teuchitlán.

Fue claro al señalar que el Gobierno federal no debe eludir su responsabilidad en estos sucesos. “No se pueden lavar las manos ni echar culpas a un solo municipio o estado”, enfatizó. A su juicio, la situación que enfrenta Jalisco, donde se hallaron narcofosas y evidencias de actividades del crimen organizado, es solo una manifestación de un problema más amplio y profundo que afecta a todo México, desde Tamaulipas hasta Sinaloa.

El ex candidato presidencial, no solo responsabilizó al gobierno de Morena de la crisis de inseguridad, sino que también señaló la falta de acción efectiva en la justicia. En su opinión, “el problema no es la falta de leyes, sino la impunidad”. A pesar de que muchas de las acciones del crimen organizado ya están tipificadas como delitos, el 99% de los delincuentes no son castigados, lo que permite que la violencia persista. “No se trata de cambiar leyes, sino de hacer que se cumplan”, afirmó.

 

 

En relación con el reciente debate sobre las reformas legales en materia de desaparecidos, Anaya también mostró su escepticismo. “Ya existen leyes que estipulan que la búsqueda debe comenzar de inmediato. No es necesario anunciar reformas que ya están en vigor”, declaró, refiriéndose a la reciente iniciativa promovida por la presidenta de Morena, Claudia Sheinbaum. Además, el senador criticó lo que consideró una estrategia de manipulación por parte del gobierno al presentar cambios legislativos que ya estaban contemplados en el marco legal.

Uno de los puntos más controversiales abordados en la entrevista fue la referencia a los “campos de exterminio” y la preocupación de que el gobierno esté buscando desviar la atención sobre su responsabilidad. Anaya señaló que, más allá de si los videos de los criminales son auténticos o no, lo alarmante es que “la narrativa del gobierno coincide con la de los delincuentes”. Este fenómeno, explicó, fue evidente en la estrategia de “abrazos no balazos”, que, a su juicio, legitimó las acciones del crimen organizado y desvió la atención de los verdaderos problemas de seguridad.

Finalmente, Anaya también expresó su preocupación por la falta de empatía del gobierno hacia las madres buscadoras, quienes claman por respuestas sobre el paradero de sus hijos desaparecidos. “Es un acto de insensibilidad absoluta no reunirse con ellas. No puede haber un dolor mayor que el de una madre que no encuentra a su hijo”, sentenció el ex candidato presidencial.

Ricardo Anaya cerró la entrevista reiterando su exigencia de que el Gobierno federal asuma su responsabilidad y enfrente la crisis de inseguridad de manera seria, sin intentar desviar la atención ni eludir su deber ante la sociedad mexicana.

 

 

 

 

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