Empresarios, especialistas y exfuncionarios advierten sobre riesgos regulatorios, concentración de poder y que el crimen organizado acceda a las concesiones del sector
Por Félix Muñiz
Durante el primer conversatorio sobre la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, celebrado en el Senado de la República, representantes del sector empresarial, expertos en telecomunicaciones y exfuncionarios públicos expresaron serias preocupaciones respecto a la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La iniciativa, conocida ya como la “ley censura” por sus críticos, ha generado un amplio debate sobre sus posibles impactos en la autonomía regulatoria, la libertad de expresión y la seguridad digital en México.
Uno de los señalamientos más contundentes provino de Adriana Labardini, ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), quien advirtió que la reforma no contempla mecanismos efectivos para evitar que personas vinculadas al crimen organizado accedan a concesiones en el sector.
“Es un tema delicado. No tenemos herramientas legales para impedir que estos grupos participen, y la nueva agencia carece de facultades para hacerlo”, afirmó.
Además, Labardini cuestionó la desaparición de la autonomía regulatoria, señalando que la nueva agencia propuesta —la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones— no cuenta con atribuciones suficientes para actuar con independencia ni proteger el interés público.
Desde el ámbito empresarial, José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), criticó la histórica sobreregulación sobre radio y televisión, así como los altos costos del espectro. Denunció también la falta de estudios técnicos en el otorgamiento de concesiones. “Esta nueva agencia tiene facultades prácticamente ilimitadas, lo cual representa un riesgo para la transparencia y la equidad en el sector”, alertó.
García Herrera enfatizó la necesidad de garantizar mecanismos de supervisión independientes, como consejos consultivos y consultas públicas, para evitar decisiones discrecionales que puedan afectar la libertad de expresión.
Por su parte, Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), consideró que la propuesta representa un retroceso en el marco normativo del país. Bravo criticó la concentración de poder en una sola entidad, sin contrapesos ni deliberación colegiada, y advirtió sobre el riesgo de bloqueos a plataformas digitales sin orden judicial y la creación de registros de usuarios que comprometerían la privacidad.
“El mayor riesgo es la falta de autonomía y los poderes excesivos otorgados a esta nueva agencia. No podemos dejar en manos de un solo organismo decisiones que afectan derechos fundamentales como la libertad digital y el acceso a la información”, afirmó Bravo.
En defensa del IFT, su presidente Javier Juárez Mojica destacó los logros alcanzados por el instituto en la última década, como la disminución de tarifas y el debilitamiento del poder del agente económico preponderante. Juárez llamó a construir un marco legal con visión de Estado y valoró el papel del personal técnico del IFT en estos avances.
Finalmente, los participantes coincidieron en que la iniciativa no garantiza derechos digitales ni promueve un entorno competitivo. Por el contrario, consideran que abre la puerta a controles discrecionales, censura digital y debilitamiento institucional. En respuesta, la AMEDI presentó un documento con 12 propuestas específicas para mejorar la iniciativa, incluyendo la defensa de la autonomía regulatoria, la pluralidad y el acceso equitativo a las telecomunicaciones.