La delincuencia digital se sofistica, mientras las autoridades siguen rezagadas. La urgencia es real. Y la inacción, criminal
Por Félix Muñiz
El delito de extorsión telefónica, particularmente en su modalidad conocida como llamada cruzada o secuestro virtual, ha alcanzado niveles alarmantes en México, según advirtieron senadores de la bancada del PRI.
Esta forma de engaño, que apela al miedo y la manipulación emocional, ha comenzado a instalarse como una de las prácticas criminales más devastadoras y difíciles de rastrear, aprovechando vacíos en la legislación y una preocupante lentitud institucional.
En una postura enérgica ante la Comisión Permanente, el PRI denunció que este fenómeno se está expandiendo aceleradamente en estados como Estado de México, Jalisco y Nuevo León, así como en la Ciudad de México, donde ya se han registrado múltiples casos documentados. Lo que hace aún más grave esta modalidad delictiva es su sofisticado método: los delincuentes logran contactar simultáneamente a dos personas cercanas (por ejemplo, un menor de edad y uno de sus padres) para simular un secuestro y exigir un pago inmediato.
Lo que antes era una llamada extorsión sin mayor sustento, hoy se convierte en una trama psicológica perfectamente orquestada gracias a la suplantación numérica (tecnología que permite a los criminales simular llamadas desde números oficiales o familiares) y al uso de redes sociales como fuente para recolectar información personal de sus víctimas. La Policía Cibernética ha emitido múltiples alertas, pero el ritmo del delito parece superar con creces las respuestas institucionales.
A pesar de esfuerzos aislados como la creación de la Fiscalía Especializada en Extorsión en la Ciudad de México y propuestas como una Ley General Contra la Extorsión, los avances legislativos no han logrado frenar el crecimiento de este crimen, que genera no sólo un daño económico devastador en hogares y pequeños negocios, sino también un profundo deterioro en la confianza ciudadana hacia las autoridades de seguridad.
Los senadores priistas fueron claros: urge una respuesta contundente. Exigen a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y a las fiscalías estatales y federal reforzar los mecanismos de prevención, inteligencia e investigación criminal, además de atender eficazmente a las víctimas, que muchas veces no denuncian por miedo o desconocimiento.
Asimismo, hicieron un enérgico llamado a los gobiernos locales, especialmente de las entidades más afectadas, para que se implementen campañas de información masivas, líneas telefónicas de atención inmediata y acciones comunitarias que permitan a los ciudadanos detectar y prevenir estas extorsiones antes de que sea demasiado tarde.
La pregunta es obligada: ¿cuánto más deberá avanzar el delito antes de que el Estado reaccione con la fuerza que la situación demanda?
La extorsión mediante llamada cruzada no es solo una evolución del crimen tradicional, es el reflejo de una delincuencia que ha entendido y aprovechado la era digital, mientras las autoridades parecen aún operar en modo analógico.
La urgencia es real. Y la inacción, criminal.