La modificación legal propone que la institución deberá abstenerse de exigir los intereses respectivos de todos los créditos otorgados a los derechohabientes que se vean imposibilitados económicamente para pagar
Por Félix Muñiz
El senador Elí César Cervantes Rojas presentó una iniciativa que tiene como objetivo reestructurar deudas y condiciones de pago de cientos de trabajadores que han visto incrementos en sus tasas de interés y en la transición de los montos de pagos de salarios mínimos a UMAS.
Esta propuesta de adición de un artículo transitorio a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado podría contribuir a resolver esta problemática que conforme pasa el tiempo crece de forma exponencial, explicó el senador Cervantes Rojas.
El también integrante de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social dijo que como parte del Estado mexicano están obligados a tomar medidas que contrarresten este tipo de vacíos que se presentan en la Ley, por lo que se establece que se “estará obligado a establecer los programas y acciones para reestructurar las deudas sobre créditos de vivienda que los derechohabientes tengan vigentes a la entrada en vigor de la adición que propone a la ley.
Asimismo, deberá abstenerse de exigir los intereses respectivos de todos los créditos otorgados a los derechohabientes que se vean imposibilitados económicamente para pagar, mencionó.
Y es que consideró que las últimas reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado han provocado una serie de problemáticas a las que los trabajadores gubernamentales se han tenido que enfrentar sin encontrar, en un número significativo de los casos, respuesta por parte de las autoridades.
Comentó que la transición a Unidades de Medida y Actualización (UMAS) ha representado un aumento en el que, el trabajador, se ha visto obligado a cubrir hasta el 55 por ciento de su salario íntegro para solventar el pago de su crédito de vivienda. Esto, a todas luces, se vuelve impagable. En consecuencia, cientos de trabajadores al servicio del estado en activo y pensionados se han visto afectados.
El derecho a la vivienda se reconoce en el artículo 11 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que señala que “toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas…”
Además, el derecho a la vivienda está reconocido, principalmente, en el párrafo séptimo del artículo 4º de la Constitución, que estipula que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” Asimismo, el derecho a la vivienda en México fue concebido como una protección de carácter eminentemente social, encaminado a proteger a la clase trabajadora.