Denuncian imposición de perfiles ligados a Morena, al SAT y a operadores políticos
Por Félix Muñiz
El debate en el Senado volvió a encenderse tras la contundente postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que denunció un intento de control político del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) a manos del oficialismo. Con una crítica frontal, las senadoras Cristina Ruiz Sandoval y Claudia Edith Anaya Mota advirtieron que la designación de 20 magistraturas para las Salas Regionales del TFJA constituye un movimiento calculado para capturar una institución clave destinada al control del poder y al combate a la corrupción.
Desde tribuna, Cristina Ruiz Sandoval fue tajante: el TFJA es uno de los principales contrapesos del país, un tribunal que revisa las decisiones más sensibles del Estado, desde actos del SAT y créditos fiscales hasta contratos multimillonarios y responsabilidades administrativas graves.
Sin embargo, denunció que el dictamen presentado no fortalece el sistema de justicia administrativa: por el contrario, lo subordina al Poder Ejecutivo.
La senadora señaló que entre los propuestos figuran exdiputados de Morena, excolaboradores de la presidenta de la República, operadores políticos del oficialismo, exfuncionarios del SAT y personas que hasta hace semanas integraban la nómina federal. Para Ruiz Sandoval, la lista de aspirantes refleja “subordinación, militancia y colonización institucional”, lo que elimina cualquier apariencia de independencia o capacidad técnica.
“La aprobación de este dictamen dejaría indefensos al ciudadano, al contribuyente, al empresario y al servidor público honesto. También abriría un manto de protección a la corrupción”, advirtió. En un mensaje directo al oficialismo, reiteró que el PRI no será cómplice y que cada voto quedará registrado ante la historia. Su bancada votará en contra.
Por su parte, Claudia Edith Anaya Mota contextualizó la gravedad del momento. Recordó que el TFJA recibió facultades reforzadas con las reformas constitucionales de 2015 y 2016, pieza fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). A su juicio, Morena ha emprendido un debilitamiento sistemático del sistema anticorrupción mediante omisiones, retrasos y designaciones incompatibles con la misión del tribunal.
Anaya denunció un proceso de desmantelamiento institucional: la parálisis del INAI, el debilitamiento de la Fiscalía Anticorrupción y la falta de integración del Comité de Participación Ciudadana del SNA. A esto sumó la impunidad en casos emblemáticos como CONADE, SEGALMEX y el “huachicol fiscal”, donde no ha habido responsabilidades claras.
La senadora también señaló que las reformas recientes en materia fiscal, de amparo y de la Ley Orgánica del TFJA han reducido los mecanismos de defensa de ciudadanos y empresarios, generando un clima de incertidumbre jurídica. Este ambiente, apuntó, afecta directamente la inversión, el empleo y ha encendido alertas incluso en el marco del T-MEC, poniendo en riesgo compromisos internacionales.
En el cierre de su intervención, Anaya Mota subrayó que la mayoría legislativa que impulsa estos nombramientos “carece de legitimidad ciudadana” y actúa bajo un esquema de presiones y cooptación política. Señaló que la subordinación del TFJA contribuirá a la erosión de la división de poderes en México.
La bancada del PRI en el Senado reiteró su defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho, advirtiendo que no respaldará ningún intento de control político en tribunales clave. Su voto, insistieron, será un categórico no al dictamen.