El Presidente del PRI Alejandro Moreno, sostuvo que la afiliación forzada es una grave violación a los principios democráticos
Por Félix Muñiz
El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, y la fracción parlamentaria en el Senado interpusieron una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE), acusando al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de llevar a cabo un programa de afiliación masiva ilegal, coaccionando a ciudadanos a unirse a sus filas mediante el uso de recursos públicos y programas sociales.
El PRI sostiene que esta práctica representa una grave violación a los principios democráticos y al derecho de los ciudadanos a una afiliación libre e individual.
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI ha señalado que las acciones de Morena contravienen varias normativas electorales y democráticas. En su queja formal ante el INE, el PRI detalla las presuntas conductas ilícitas de Morena, entre ellas la afiliación corporativa, el uso indebido de recursos públicos, y el condicionamiento de programas sociales a la afiliación política.
En conferencia de prensa la bancada del PRI en el Senado encabezados por Cristina Ruiz denuncio que estos actos, no solo vulneran la libertad de asociación y autodeterminación política de los ciudadanos, sino que también distorsionan el sistema de partidos y debilitan la confianza en las instituciones democráticas.
En su denuncia, el PRI argumenta que la utilización de programas sociales, como pensiones, becas y apoyos alimentarios, para inducir la afiliación al partido de Morena, constituye un uso ilegal de recursos públicos. Según el tricolor, esta acción es incompatible con los principios de imparcialidad y legalidad que rigen el manejo de los recursos públicos, y debería ser sancionada en consecuencia.
Además, el PRI ha señalado que diversas instituciones educativas, bajo la Secretaría de Educación Pública (SEP), han sido empleadas para convocar a padres de familia y afiliarlos a Morena. Esta práctica, según el PRI, no solo es políticamente inapropiada, sino que también representa una violación directa al principio de imparcialidad electoral, ya que los centros educativos son espacios neutrales y deben mantenerse al margen de cualquier actividad política.
El CEN del PRI destacó que la apertura de escuelas para fines partidistas constituye un uso ilícito de recursos federales, ya que estas instituciones son operadas por personal público, desde maestros hasta administradores. Según el partido, el uso de su tiempo y recursos para actividades de afiliación política contraviene la legislación electoral y la obligación de los servidores públicos de aplicar los recursos de manera imparcial.
En cuanto a la afiliación corporativa, el PRI subrayó que esta carece de validez jurídica, pues el derecho de cada ciudadano a afiliarse o desafiliarse de un partido político es personal y debe ser libre de presiones externas. La organización política acusa a Morena de intentar sustituir este derecho individual mediante jornadas masivas de afiliación, a menudo coordinadas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
La denuncia presentada por el PRI subraya la importancia de respetar la autonomía y libertad de los ciudadanos en sus decisiones políticas. La organización política advierte que estas prácticas ilegales no solo afectan la equidad en las contiendas electorales, sino que también minan la confianza pública en las instituciones y el proceso democrático.
El INE ahora tiene la responsabilidad de investigar y, en su caso, sancionar las presuntas irregularidades denunciadas por el PRI. La resolución de este conflicto podría tener un impacto significativo en las próximas elecciones, ya que pone en cuestión la legalidad de las prácticas políticas utilizadas por Morena.