Carolina Viggiano advirtió que el PRI ha identificado riesgos de fondo en la ley de telecomunicaciones
Por Félix Muñiz
La bancada del PRI en el Senado de la República calificó como un “simulatorio” el proceso de análisis de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, luego de que se realizara el tercer conversatorio sin la presencia del titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.
El coordinador del PRI en la Cámara Alta, Manuel Añorve Baños, manifestó su inconformidad ante la ausencia reiterada del funcionario, quien, subrayó, estaría a cargo de la regulación del sistema en caso de aprobarse la reforma.
“Es inaceptable que quien tendrá la responsabilidad de aplicar esta ley no acuda a explicar con claridad los alcances de los cambios propuestos”, afirmó Manuel Añorve. Según el legislador, el proceso avanza sin transparencia y sin el debate democrático que amerita una reforma de gran impacto nacional.
La senadora Carolina Viggiano Austria, señaló que el PRI ha identificado elementos en la iniciativa que podrían poner en riesgo derechos fundamentales. Subrayó la necesidad de considerar un marco normativo más amplio y específico para el ecosistema digital. “¿No deberíamos tener una legislación separada que atienda las particularidades del entorno digital?”, cuestionó.
Viggiano Austria también expresó su preocupación respecto a las funciones asignadas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como red compartida mayorista. Criticó la falta de claridad sobre cómo esta estructura estatal comercializaría servicios de telecomunicaciones sin afectar la competencia. “¿No distorsiona esto el mercado?”, preguntó.
Además, abordó la imparcialidad de los medios públicos y las posibles restricciones a contenidos extranjeros. En particular, advirtió sobre el artículo 201, que obligaría a obtener autorización previa de la Secretaría de Gobernación para la transmisión de ciertos contenidos. “Esto podría afectar la industria publicitaria y abrir peligrosamente la puerta a la censura”, advirtió.
La senadora Claudia Anaya Mota también expuso reservas en torno a la operación comercial de Altán Redes bajo control gubernamental. Señaló que la empresa, rescatada con recursos públicos, ahora comercializa servicios de internet a empresas privadas utilizando infraestructura estatal subsidiada. “Esto contradice el artículo 28 constitucional, que considera la provisión de internet por parte del Estado como una actividad estratégica, no comercial”, declaró.
Anaya recordó que en 2014 se autorizó la asociación entre CFE y Altán con el fin de llevar internet a zonas remotas. Sin embargo, dijo que el giro comercial que ha tomado el proyecto representa una posible distorsión del mercado y cuestiona la legalidad de su operación actual.
El Grupo Parlamentario del PRI reconoció la participación de especialistas durante el conversatorio y enfatizó que es necesario eliminar los artículos que podrían vulnerar la libertad de expresión y contravenir tratados internacionales. “Debemos construir una ley sólida, legítima y respetuosa de los derechos fundamentales, no una que se impulse desde la opacidad”, concluyó Añorve.