Denuncian que la reforma impulsada por Morena no combate al crimen organizado, sino que criminaliza a ciudadanos, silencia opositores y militariza el sistema financiero
Por Félix Muñiz
En una sesión marcada por fuertes señalamientos y un clima de tensión política, la bancada del PRI en el Senado votó en contra de la reforma antilavado, al considerar que se trata de un instrumento de persecución, espionaje y control total del Estado sobre los ciudadanos, bajo el disfraz de un combate al crimen organizado.
La senadora Claudia Anaya Mota advirtió que esta reforma, impulsada por Morena y sus aliados, no está dirigida a desmantelar las estructuras financieras del narcotráfico ni a los verdaderos responsables del lavado de dinero.
“No van contra los peces gordos, van contra los ciudadanos, contra los trabajadores informales, contra la clase política y contra cualquier voz incómoda al régimen”, denunció.
La legisladora zacatecana Anaya Mota explicó que con la reducción del umbral para considerar operaciones sospechosas, ahora bastará con depositar 90 mil pesos en efectivo a una tarjeta de crédito para ser objeto de investigación. “Esto es una cacería contra la informalidad, las asociaciones religiosas, filantrópicas y quienes no tienen acceso al sistema financiero formal”, alertó.
Uno de los aspectos más polémicos de la reforma es la incorporación de la Guardia Nacional como autoridad investigadora en temas financieros, una medida que, según Anaya, profundiza la militarización del país. “Militares con fuero castrense tendrán acceso a información financiera. Esto es represión, intimidación y una peligrosa militarización del sistema financiero mexicano”, afirmó.
En un tono aún más severo, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca acusó que la reforma no busca frenar delitos como la trata o el secuestro, sino crear un aparato de control absoluto desde la Secretaría de Hacienda para callar a los adversarios políticos.
“Es un sistema de espionaje financiero y tecnológico. Quieren intervenir teléfonos, cuentas, datos biométricos sin supervisión judicial. Es autoritarismo puro”, sentenció.
La legisladora priista por el Estado de Tlaxcala Ávalos Zempoala también denunció la inclusión de figuras inaceptables como la “tentativa de operación inusual”, que permite congelar cuentas con base en sospechas vagas y sin pruebas, violando derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
El senador Ángel García Yáñez, por su parte, denunció que esta legislación impone cargas excesivas a ciudadanos y empresarios, sin ofrecer garantías de justicia. “No podemos permitir que se use la lucha contra el crimen como pretexto para controlar y castigar a la gente común”, declaró.
Además, criticó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en lugar de actuar contra verdaderos lavadores de dinero, se enfoque en opositores mientras ignora casos señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como el de tres instituciones financieras mexicanas presuntamente ligadas al narcotráfico.
Los senadores del PRI coincidieron en que esta reforma convierte al Estado en juez, parte y verdugo, otorgando superpoderes a Hacienda y a la UIF sin controles ni supervisión judicial. “México no está combatiendo al narco, está encubriéndolo mientras vigila, persigue y amedrenta a su gente. Esto ya no es un gobierno, es un régimen autoritario con fachada democrática”, concluyó Claudia Anaya.