Piden se otorgue de manera póstuma la condecoración al valor heroico en primera clase al contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara, quien destapó este escandaloso robo a la nación
Por Félix Muñiz
Los senadores del PRI encabezados por Mely Romero Celis y Rolando Zapata Bello, arremetieron contra lo que calificaron como “el Huachicol Fiscal institucionalizado por el gobierno de Morena”, responsabilizando a la administración federal de haber diseñado un esquema de corrupción desde las propias estructuras de poder, y de manchar injustamente a una institución que tradicionalmente gozó de prestigio, como la Secretaría de Marina (Semar).
En conferencia de prensa la senadora Mely Romero lamentó que el Senado haya actuado como mera formalidad al ratificar 314 ascensos navales el pasado 12 de noviembre sin un análisis riguroso. “Esa aprobación superficial redujo nuestra obligación constitucional a un trámite mecánico, un refrendo al Ejecutivo sin escrutinio real”, sostuvo.
Romero Celis, indicó que ese tipo de procedimientos son precisamente los que permitieron operar durante años redes de crimen organizado dentro de las fuerzas armadas.
El señalamiento más grave recae sobre los hermanos vicealmirante (retiro) Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, acusados de liderar una sofisticada red de contrabando de combustible que ingresaba por aduanas de puertos como Altamira y Tampico.
“El legislador priista por el Estado de Yucatán Rolando Zapata dijo que el más claro y doloroso ejemplo de las consecuencias de este formalismo es el caso de corrupción que estremeció a la armada de México en septiembre de 2025”.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), la banda, conocida como “Los Primos”, permitió el ingreso ilegal de millones de litros de combustible entre 2018 y 2025, en complicidad con autoridades de aduanas, miembros de la Semar y empresarios. Un operativo federal realizado en marzo pasado incautó 10 millones de litros de diésel; en septiembre se vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, así como a otros nueve marinos y funcionarios aduaneros.
Ayer, sin embargo, un juez volvió a aplazar la audiencia inicial en contra del contralmirante Fernando Farías Laguna, quien ya fue considerado prófugo tras evadir una orden de aprehensión.
Reforma urgente: ratificación con control real y rendición de cuentas
Ante este contexto, el grupo parlamentario del PRI presentó un ambicioso paquete de reformas estructurales a la Constitución y al reglamento del Senado, con el objetivo de restituir el control cívico-democrático sobre los ascensos y nombramientos en la Marina y el Ejército.
Planean modificar los artículos 76, 78 y 89 constitucionales, limitando la ratificación legislativa solo a los mandos de mayor impacto estratégico secretarios, jefes del Estado Mayor, magistrados militares, altos oficiales y eliminando la aprobación masiva automática de cientos de ascensos.
En su propuesta también se incluye un procedimiento con plazos definidos (entre 20 días hábiles mínimo y máximo), documentación exhaustiva de antecedentes, informes de conducta administrativa y comparecencias individuales obligatorias, votación nominal por los legisladores y dictámenes separados. “Queremos evitar que la ratificación se diluya en un trámite masivo e irresponsable; debe ser un verdadero contrapeso ciudadano”, afirmó Romero Celis.
¿Quién protege al responsable?
El PRI acusa directamente al gobierno de Morena de diseñar el esquema de “huachicol fiscal” desde las cúpulas del poder. “Este no es solo un caso aislado de corrupción; es un saqueo institucional, una estafa monumental contra las finanzas del país”, sostuvo Zapata. Añadió que este tipo de impunidad convierte a la Marina una institución de prestigio y de tradición patriótica en un títere de intereses oscuros.
Como ejemplo de la gravedad del daño, los senadores del PRI señalan que tan solo los decomisos documentados por la Secretaría de Hacienda y la FGR representan decenas de miles de millones de pesos.
Durante la conferencia, los legisladores propusieron que el Senado otorgue la condecoración póstuma al valor heroico en primera clase al contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara, quien presuntamente denunció estas irregularidades antes de ser asesinado en 2024, como un acto simbólico contra la impunidad.
Y exigieron que tanto la FGR como la Semar presenten un informe completo sobre el estado de las investigaciones, esclarezcan responsabilidades y deslinden a los responsables, sean civiles o militares.