Aseguran que atentan en contra de los derechos humanos y son un peligro para México
Por Félix Muñiz
En respuesta a las recientes reformas aprobadas a la Ley de Amparo y de Amnistía, los grupos parlamentarios encabezados por Rubén Moreira del PRI, Jorge Herrera del PAN y Javier Huacus del PRD han presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Estas reformas, según argumentan, representan una amenaza tanto para la constitucionalidad como para las libertades fundamentales en México.
Las reformas a la Ley de Amparo han sido particularmente controversiales. Aprobadas por mayoría oficialista, estas modificaciones restringen la capacidad de los jueces para suspender los actos de las autoridades en diversos casos, incluso cuando estos afecten el interés social. Esta limitación podría reducir significativamente la efectividad del juicio de amparo como recurso para proteger los derechos de los ciudadanos, haciéndolo menos accesible para quienes más lo necesitan.
“Es nuestro deber velar por el fortalecimiento de nuestras libertades e instituciones democráticas”, afirmaron los diputados en su comunicado conjunto. Argumentan que estas reformas contravienen el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Mexicana, así como los principios de garantías judiciales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por otro lado, las modificaciones a la Ley de Amnistía también han suscitado críticas por parte de los legisladores de oposición. Señalan que estas reformas limitan el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Al imponer condiciones restrictivas para la aplicación de la amnistía, como la obligación de incriminar a terceros, los diputados argumentan que se crea un riesgo de persecución política y se debilita el Estado de Derecho.
“La amnistía no debe confundirse con el indulto y es una prerrogativa exclusiva del Congreso de la Unión”, subrayaron los representantes del PRI, PAN y PRD. Consideran que estas reformas otorgan al Ejecutivo facultades que deberían estar reservadas al Poder Legislativo, lo cual constituye una vulneración de las facultades constitucionales.
En el documento presentado ante la SCJN, los diputados también expresaron su preocupación por el impacto negativo de estas reformas en la protección de los derechos humanos en México. “Exigimos que se respeten los derechos de las víctimas, que se esclarezcan los hechos y que se combata eficazmente la impunidad en nuestro país mediante una justicia efectiva y no selectiva”, enfatizaron.
Concluyeron reafirmando su compromiso con el cumplimiento de la Constitución y el fortalecimiento del Estado de Derecho en México. “Ni hoy ni mañana la justicia puede ser selectiva. Siempre encontraremos un camino para combatir las arbitrariedades”, declararon los legisladores del PRI, PAN y PRD.
Esta acción de inconstitucionalidad marca un punto crucial en el debate legislativo y judicial en México, donde la defensa de las libertades individuales y la separación de poderes continúan siendo temas de profunda preocupación y discusión pública.
En resumen, la iniciativa de estos partidos busca no solo revertir las reformas recientes, sino también fortalecer los mecanismos de protección de derechos fundamentales en el país, asegurando que el sistema judicial continúe siendo un baluarte contra posibles abusos de poder y garantizando el acceso equitativo a la justicia para todos los ciudadanos mexicanos.