De las 44 licencias que se han otorgado en esta legislatura muchas son justificables pero otras, son para evitar impactos en la correlación de fuerzas en votaciones clave
Por Félix Muñiz
La bancada de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa que busca adicionar un “numeral 3” al Reglamento del Senado de la República, con el fin de impedir que quienes obtengan licencia sigan ejerciendo actividades de representación parlamentaria.
La propuesta establece con claridad que una senadora o senador con licencia “no podrá desempeñar actividades de diplomacia parlamentaria ni realizar actos de representación de esta Cámara”, incluyendo la participación en foros, organismos internacionales o la emisión de pronunciamientos en nombre del Senado. En su planteamiento, los priistas subrayan que la licencia implica una separación temporal del cargo —y por lo tanto la suspensión de sus facultades representativas.
En su exposición, los legisladores del PRI recalcaron que esta reforma contribuiría a reforzar la legalidad, la transparencia y el respeto al marco normativo del Senado, ya que sólo quienes se encuentran en funciones activas contarían con facultades de representación. Además, destacaron que, conforme al actual Reglamento, durante la licencia cesan las funciones representativas y los derechos inherentes al cargo.
Según cifras del Sistema de Información Legislativa (SIL), entre el 1 de septiembre de 2024 y el 10 de abril de 2025 se registraron 44 solicitudes de licencia en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión. Si bien muchas corresponden a causas justificadas —como salud, maternidad o aspiraciones a otros cargos públicos—, los promotores de la iniciativa advirtieron que algunas licencias tienen como objeto participar en diplomacia parlamentaria o evitar impactos en la correlación de fuerzas en votaciones clave.
Con esta reforma, el PRI busca cerrar lo que considera una laguna normativa: evitar que personas ausentes de sus funciones, por haber solicitado licencia, sigan participando en eventos internacionales, pronunciamientos públicos o decisiones en nombre del Senado. Señalan que mantener activos esos privilegios sin ejercer efectivamente el cargo debilita la institucionalidad y diluye la rendición de cuentas.
Asimismo, argumentan que esta adición normativa promueve un principio de coherencia: si la licencia suspende el ejercicio de la representación, esta suspensión debe ser completa, sin permitir actos de representación, diplomacia o influencia. De aprobarse, se garantizaría que la representación parlamentaria corresponda únicamente a quienes ejercen de facto sus funciones.
La propuesta será sometida al análisis del Pleno del Senado. Si se aprueba, el Reglamento quedaría modificado para dejar explícito que un escaño con licencia no ostenta facultades de representación —una medida que, según los priistas, fortalece la transparencia, la legalidad y el compromiso institucional.
Con esta iniciativa, el PRI pretende asegurar que la voz oficial del Senado sea siempre la de quienes están en funciones, reforzando el principio de que la representación legal debe coincidir con la presencia real.