Ley del Sistema Nacional de Inteligencia impone un Estado espía, viola la privacidad y convierte la inteligencia en arma de persecución política
Por Félix Muñiz
En uno de los episodios más críticos del presente sexenio, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República votó en contra de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, señalando que ambas normas representan una amenaza directa al federalismo, a la Constitución y a las libertades civiles.
En un posicionamiento enérgico y severo, el senador Miguel Ángel Riquelme Solís advirtió que las leyes impulsadas por Morena destruyen el pacto federal y legalizan un aparato de espionaje que pone en peligro los derechos fundamentales de las y los mexicanos. “Esto no es seguridad, es vigilancia institucionalizada. No se construye paz desde el miedo, ni democracia desde el control total”, afirmó el legislador.
Militarización sin contrapesos y espionaje institucionalizado
El PRI denunció que ambas leyes fueron aprobadas sin diálogo, sin análisis técnico y con prisa, como parte de una estrategia autoritaria para militarizar la seguridad pública y convertir al Estado en un ente de vigilancia masiva. Riquelme fue claro: “No podemos legislar desde el centro del poder ni imponerles a los municipios responsabilidades imposibles de cumplir sin asignarles recursos”.
Durante la discusión, la senadora priista por el Estado de Sinaloa Paloma Sánchez Ramos alzó la voz por Sinaloa y denunció que la supuesta coordinación de seguridad encubre al gobernador Rubén Rocha Moya, a quien acusó de ser un “narcogobernador”.
“En Sinaloa no hay paz, hay miedo. Niños asesinados, negocios cerrados, familias desplazadas. Y todavía amenazan con dejarnos sin un solo peso por no alinearnos”, reclamó.
Sánchez Ramos fue contundente al rechazar una ley que abandonará a las policías civiles y fortalece a quienes pactan con criminales, al tiempo que mantiene una narrativa falsa de pacificación. “No vamos a acompañar una ley que normaliza la violencia y premia a quienes han fallado”, declaró.
“México está en llamas, y esta ley es gasolina”
Con dureza, la senadora Cristina Ruiz Sandoval alertó que el Estado mexicano está siendo secuestrado por el crimen organizado, mientras se empujan leyes que no tocan a los delincuentes, sino a los ciudadanos. “Esto no es una ley: es el certificado oficial del narcoestado morenista”, denunció. Aseguró que, en lugar de combatir al crimen, Morena está construyendo una red de control político que utiliza la seguridad como pretexto.
La senadora Claudia Anaya Mota coincidió en que esta legislación elimina el carácter civil de las instituciones de seguridad y erosiona gravemente el federalismo. Advirtió que, con la Ley de Investigación e Inteligencia, el gobierno podrá acceder sin restricciones a información privada, en un contexto en el que ya no existe un órgano autónomo que garantice la protección de datos personales.
Estado espía y chantaje político
Los senadores Geraldina García Gordillo y Ángel García Yáñez denunciaron que se impone un modelo militarizado, opaco y fuera del marco constitucional, otorgando a la Guardia Nacional un régimen especial controlado por la SEDENA. Además, criticaron que se chantajea a los estados con recursos federales para obligarlos a alinearse con este modelo.
En la discusión de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca fue tajante: “No es una estrategia contra la delincuencia, es un mecanismo de control sobre la ciudadanía”. Advirtió que la ley obliga a empresas privadas a entregar bases de datos sin garantías, exponiendo a millones de mexicanos a filtraciones y uso indebido de su información.
“No vamos a permitir que en nombre de la seguridad se imponga una Gestapo digital. México necesita seguridad real, no un Estado espía al servicio del oficialismo”, concluyó.