Calificó el caso como una tragedia que enluta no solo a una familia, sino a toda la sociedad poblana
Por Félix Muñiz
Puebla está de luto. La desaparición y posterior asesinato del matrimonio conformado por Alexandro Agustín Tello y Karina de los Ángeles no es un hecho aislado ni una estadística más: es la confirmación brutal de que la violencia en México se ha desbordado y de que el Estado ha sido incapaz de proteger a sus ciudadanos.
Así lo denunció el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, quien calificó el caso como una tragedia que enluta no solo a una familia, sino a toda la sociedad poblana.
Alexandro y Karina eran dos mexicanos que salieron a hacer su vida, como millones más, con la esperanza de trabajar, avanzar y construir un futuro. En lugar de ello, terminaron siendo víctimas de un país donde el crimen organizado manda y la autoridad llega tarde o, peor aún, no llega. Su historia refleja una realidad que se repite con alarmante frecuencia: desapariciones, asesinatos y familias destrozadas en un contexto de impunidad casi absoluta.
La violencia en Puebla, al igual que en amplias regiones del país, se ha normalizado peligrosamente. Carreteras tomadas por grupos criminales, municipios enteros que viven con miedo y comunidades que han aprendido a callar para sobrevivir. Mientras tanto, el gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) insiste en maquillar la crisis con cifras oficiales que poco tienen que ver con lo que se vive en las calles. Los números no tapan las fosas ni devuelven a los desaparecidos; tampoco consuelan a las familias que esperan justicia.
El señalamiento de Alejandro Moreno es directo: el gobierno está rebasado. No se trata de una percepción, sino de hechos concretos que exhiben la falta de estrategia, de coordinación y de voluntad para enfrentar al crimen organizado de frente. La política de abrazos y discursos ha demostrado ser insuficiente frente a organizaciones criminales que operan con armas, recursos y control territorial.
Desde el PRI, la exigencia es clara y contundente: justicia para Alexandro y Karina. Justicia real, no promesas. Investigaciones serias, castigo a los responsables y garantías de no repetición. México no puede acostumbrarse a enterrar inocentes mientras las autoridades se esconden detrás de comunicados y conferencias. Cada caso no resuelto fortalece la percepción de impunidad y debilita aún más la confianza ciudadana.
Puebla hoy es símbolo de un país herido. Un país donde la violencia no distingue clases sociales ni regiones, y donde la ausencia del Estado deja un vacío que el crimen organizado aprovecha sin resistencia. No caben discursos vacíos ni justificaciones ideológicas. Se necesitan resultados, carácter y una estrategia de seguridad integral que devuelva la paz a las familias mexicanas.
La batalla, como lo afirmó el dirigente priista, no es solo política: es moral y social. Recuperar la paz que nos arrebataron es una obligación del Estado y un derecho de los ciudadanos. Mientras no haya justicia para Alexandro y Karina, Puebla seguirá de luto y México seguirá enfrentando la dolorosa evidencia de un gobierno que no ha sabido cumplir con su responsabilidad más básica: proteger la vida.