La diputada del PAN, critica con dureza la minuta enviada por el Senado y advierte que esta reforma vulnera derechos fundamentales y representa una regresión constitucional.
Por Félix Muñiz
La inminente reforma a la Ley de Amparo enviada por el Senado ha encendido las alarmas en el Congreso. Pero nadie ha sido tan clara, crítica y frontal como la presidenta de la Cámara de Diputados Kenia López Rabadán, quien calificó esta iniciativa como un “retroceso” en materia de derechos humanos.
Con años de experiencia en el tema, no solo como legisladora, sino como expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, la legisladora panista Kenia López dejó claro que esta propuesta atenta contra las garantías individuales más elementales.
En entrevista con los representantes de los medios de comunicación en San Lázaro y con una declaración contundente, la diputada López Rabadán advirtió: “Desde mi perspectiva hay una merma en términos de la figura del amparo. Va a imposibilitar a los ciudadanos a ampararse, y eso es preocupante. Ya no se llama progresividad, se llama retroceso en términos de derechos humanos.”
Y no es para menos. La reforma plantea modificaciones al alcance del amparo, una figura jurídica diseñada precisamente para que los ciudadanos puedan defenderse de los abusos de la autoridad. Pero, bajo el nuevo dictamen, se restringen los sujetos que pueden interponerlo y se introduce un artículo transitorio que podría implicar retroactividad, lo cual es claramente inconstitucional.
¿Quién se beneficia con este retroceso?
En lugar de ampliar los derechos y proteger mejor a los ciudadanos frente al poder, la iniciativa parece buscar blindar al Estado frente a los reclamos ciudadanos, debilitando así uno de los pilares del sistema jurídico mexicano. López Rabadán fue tajante al subrayar que los derechos humanos no deben limitarse, sino ampliarse, tal como lo establece el principio de progresividad consagrado en tratados internacionales y en la propia Constitución mexicana.
Opacidad, retrasos y sospechas
A esta regresión jurídica se suma la sospechosa opacidad en el proceso legislativo. La minuta, que según el Senado fue aprobada hace días, no llegó de inmediato a la Cámara de Diputados, lo cual abrió la puerta a acusaciones de manipulación y “duendes legislativos” que habrían intentado modificar el texto de manera encubierta.
“Todo México sabe cómo se presentó la reserva, cómo se aprobó por los senadores. Es público. Esperamos que el documento llegue tal cual se aprobó en la Cámara de Origen”, declaró la diputada, visiblemente molesta ante los rumores de alteraciones furtivas a la minuta.
López Rabadán fue enfática: “México necesita transparencia, no trampas legislativas.” Como presidenta de la Cámara, se comprometió a garantizar un debate público, plural y legal. “No habrá fast track. Es una figura histórica, y se requiere un proceso limpio”, aseguró.
Una amenaza directa al Estado de Derecho
Resulta alarmante que en pleno siglo XXI se pretenda desmantelar una figura jurídica como el amparo, vigente desde la Constitución de 1857 y reforzada en la de 1917, que permite frenar los abusos del poder. Esta reforma, tal como está planteada, representa una amenaza directa al Estado de Derecho, debilitando la protección de las y los ciudadanos frente a un aparato gubernamental que cada vez muestra mayor tendencia al autoritarismo.
“Esto ya no se llama avance. Se llama retroceso”, concluyó la diputada panista. Y no podría tener más razón. Si se aprueba esta reforma sin los cambios necesarios, no solo perderemos una herramienta jurídica vital, sino que habremos aceptado, sin resistencia, el debilitamiento de nuestras libertades más básicas.