Un atentado contra los derechos y libertades de los mexicanos, ejecutado al vapor y con desprecio por la democracia
Por Félix Muñiz
La reforma a la Ley de Amparo que Morena pretende imponer esta misma semana en el Senado ha desatado una ola de indignación entre sectores democráticos, organizaciones civiles y figuras políticas de oposición.
El más reciente en alzar la voz con firmeza ha sido el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien no dudó en calificar esta iniciativa como un “retroceso histórico”, un paso alarmante hacia el debilitamiento del Estado de derecho en México.
El senador del PRI Alejandro Moreno denunció que el oficialismo quiere imponer esta reforma “como es su costumbre: al vapor, sin debate, sin apertura, pretendiendo engañar a la gente con un par de audiencias públicas e ignorando las voces de especialistas y organizaciones civiles”.
Y no le falta razón. Lo que debería ser una discusión amplia, técnica y profunda sobre los alcances del amparo (la herramienta jurídica que por más de un siglo ha protegido a los ciudadanos de los abusos del poder) se está reduciendo a una simulación legislativa, orquestada desde Palacio Nacional.
El contenido de la reforma, además de limitar de forma peligrosa los amparos colectivos, deja en estado de indefensión a comunidades enteras que podrían ser afectadas por megaproyectos gubernamentales que devasten tierras y ecosistemas. Como advirtió el líder priista, sin esta figura legal “si una autoridad actúa de manera injusta y abusiva en tu contra, vas a quedar completamente expuesto y vulnerable, pues el gobierno tendrá la ventaja en los juicios”.
El amparo, piedra angular de la justicia mexicana, está siendo transformado por Morena en un muro de impunidad institucional. Según Moreno, “lo que antes era una herramienta para defender al pueblo del poder, ahora lo será para blindar al poder frente al pueblo”. El peligro es real y no solo interno: la reforma coloca a México en grave incumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos, razón por la cual el PRI ya ha alertado a organismos internacionales sobre esta amenaza.
Desde el PRI se ha lanzado un llamado urgente a la sociedad civil, cámaras empresariales, universidades y a todos los actores democráticos para cerrar filas en defensa del derecho a exigir justicia. Porque esta reforma no solo es técnica o jurídica; es una cuestión de libertades fundamentales, de equilibrio de poderes y de la salud democrática de una nación.
Alejandro Moreno ha sido claro: el PRI dará la batalla en el Congreso, pero no basta con la oposición parlamentaria. Se requiere movilización, conciencia ciudadana y presión internacional. Porque si esta reforma pasa, el precedente será devastador: un país donde el poder no puede ser cuestionado, y donde la justicia deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio otorgado por el régimen.
En conclusión, la reforma a la Ley de Amparo no es solo un error legislativo: es una afrenta a la democracia mexicana. Y permitir que avance, sería normalizar el autoritarismo que ya se asoma peligrosamente en cada rincón del Estado. Morena no solo busca cambiar leyes, busca redefinir los límites del poder… y borrarlos.