La discusión y análisis de la Reforma al Poder Judicial debe incluir a policías civiles, Guardia Nacional, fiscalías y ministerios públicos
Por Félix Muñiz
En medio de un panorama de inseguridad y desconfianza hacia las instituciones, la discusión sobre la reforma al Poder Judicial en México ha cobrado relevancia.
La presidenta de la Cámara de Diputados Marcela Guerra Castillo, ha planteado la necesidad imperiosa de incluir a todos los actores involucrados en el sistema de seguridad y justicia, no solo a jueces y magistrados, sino también a policías civiles, la Guardia Nacional, y los ministerios públicos.
La diputada del PRI Marcela Guerra subrayó la importancia de revisar estructuralmente el funcionamiento de las fiscalías, destacando el papel crucial de los ministerios públicos en la procuración de justicia.
Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la percepción de inseguridad en México es alarmante: un 69% de las personas se siente insegura en los cajeros automáticos, mientras que cifras menores pero igualmente significativas se registran en el transporte público, carreteras y bancos.
Además, un abrumador 92% de los delitos no son denunciados o no se inicia una carpeta de investigación, alimentando un círculo vicioso de impunidad.
La Encuesta sobre Percepciones de Impunidad 2023 también revela un preocupante panorama: la mayoría de los entrevistados considera que los responsables de delitos rara vez son llevados ante la justicia, con percepciones negativas hacia la efectividad de los agentes del ministerio público, policías y jueces.
Ante este escenario, Guerra Castillo insta a construir instituciones sólidas que protejan los derechos de los ciudadanos frente a la actuación arbitraria de las autoridades.
Enfatiza en la necesidad de una justicia inclusiva, multicultural y con perspectiva de género, alineada con los estándares internacionales de derechos humanos. Es fundamental, según sus palabras, que las instituciones de seguridad y justicia operen con integridad y transparencia, brindando certeza a todos los mexicanos de que sus derechos están protegidos y que la justicia es accesible.
El llamado de Guerra Castillo no es solo retórico. Propone una revisión profunda que no solo fortalezca la estructura judicial, sino que también mejore la eficiencia y la rapidez en la respuesta ante el delito. Es necesario, según sus palabras, que cada nivel de gobierno, ya sea local o federal, del norte o sur del país, contribuya a este objetivo común de ofrecer seguridad y justicia a todos los ciudadanos.
Sin embargo, la implementación de estas reformas enfrentará numerosos desafíos. La resistencia al cambio en estructuras institucionales arraigadas, la falta de recursos adecuados y la necesidad de una coordinación efectiva entre distintos niveles de gobierno son solo algunas de las barreras que deberán superarse.