Y sanar las heridas que la discriminación y el racismo han infligido a los pueblos originarios durante siglos
Por Félix Muñiz
La reciente aprobación de la reforma constitucional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos ha sido calificada por Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, como un paso crucial para saldar una deuda histórica que México ha mantenido durante siglos. Esta reforma, que modifica el artículo 2 de la Constitución, busca sanar las heridas infligidas por la discriminación y el racismo que han afectado a estos pueblos originarios, y marca un hito significativo en la lucha por la justicia social.
Durante la conmemoración de esta reforma, convocada por la senadora de origen indígena Edith López Hernández, el ex secretario de gobernación enfatizó la importancia de reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como “sujetos plenos de derechos”, en lugar de ser considerados meramente “objetos de museo”. Esta declaración resuena con la necesidad de transformar la narrativa que históricamente ha invisibilizado a estas comunidades y ha perpetuado su marginalización.
Sin embargo, a pesar de este avance legislativo, persisten desafíos que deben ser abordados con urgencia. El legislador de Morena por el Estado de Tabasco Augusto López señaló que la aprobación de la reforma no es el fin del camino, sino el inicio de un proceso que debe continuar. “No es nada más ahora que se haya aprobado la reforma. Todavía falta mucho, porque en este México sigue habiendo discriminación, racismo y clasismo”, afirmó. Este reconocimiento constitucional es solo el primer paso hacia una verdadera inclusión y equidad.
A lo largo de la historia, los pueblos indígenas y afromexicanos han enfrentado no solo la negación de sus derechos, sino también la violencia institucional y la falta de acceso a servicios básicos. A pesar de que la reforma representa un avance legal, su implementación efectiva será crucial para que los derechos reconocidos se traduzcan en mejoras tangibles en la calidad de vida de estas comunidades. Sin un compromiso firme y recursos suficientes para garantizar su aplicación, el riesgo es que la reforma se convierta en un mero documento simbólico sin impacto real.
La importancia de esta reforma trasciende el ámbito legal; se trata de un acto de reconciliación y justicia social. Reconocer los derechos de los pueblos originarios es un paso necesario para corregir las injusticias del pasado y construir un futuro más inclusivo. López Hernández destacó que “cada día vamos a ir terminando con esos males” solo si se entiende la magnitud de la tarea que queda por delante.
No obstante, la resistencia a estos cambios no es una novedad. La historia ha demostrado que los intereses económicos y políticos pueden obstaculizar la implementación de reformas que favorecen a los más desfavorecidos. La aprobación de esta reforma debe ir acompañada de un esfuerzo conjunto entre el gobierno, las instituciones y la sociedad civil para garantizar que los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos sean respetados y promovidos.
El desafío ahora es convertir esta reforma en una herramienta efectiva que combata la discriminación y promueva el respeto por la diversidad cultural en México. A medida que avanzamos, será esencial fomentar un diálogo constante y construir alianzas con las comunidades afectadas para asegurar que sus voces sean escuchadas y sus necesidades, atendidas.
En resumen, la reforma que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos es un paso crucial para saldar una deuda histórica. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y social para llevar a cabo acciones concretas que transformen la realidad de estas comunidades, erradicando la discriminación y promoviendo la equidad en todos los ámbitos de la vida nacional.