Acusa que la “Ley Maduro” busca asfixiar a los partidos mientras el oficialismo se financia con recursos ilícitos
Por Félix Muñiz
La iniciativa de Reforma Electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha encendido una de las confrontaciones políticas más agudas del sexenio.
Para el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, el proyecto no busca perfeccionar la democracia, sino debilitar deliberadamente a la oposición y consolidar la hegemonía de Morena.
En conferencia de prensa, en la Cámara de Diputados el senador del PRI Alejandro Moreno fue categórico: su partido votará en contra de la llamada “Ley Maduro”, como la han bautizado, al considerar que pretende destruir el régimen democrático desde sus cimientos.
La acusación es grave y directa: reducir el financiamiento público a los partidos no es un acto de austeridad, sino una estrategia para “matar de inanición económica” a las fuerzas políticas que compiten contra el oficialismo.
El líder priista Moreno Cárdenas sostuvo que el financiamiento público es el único mecanismo que garantiza equidad en la contienda electoral. Sin esos recursos, cuestionó, ¿cómo pueden los partidos sostener estructuras, capacitar representantes de casilla o difundir propuestas? “¿Cómo compites?”, lanzó, subrayando que mientras se recortan fondos a la oposición, Morena opera con una desproporción de recursos que distorsiona la competencia.
La crítica sube de tono cuando “Alito” Moreno vincula esa ventaja económica con presuntos recursos provenientes del crimen organizado y del llamado huachicol fiscal. Afirmó que existe evidencia y resoluciones electorales que han señalado la injerencia de dinero ilícito en campañas pasadas, particularmente en procesos estatales.
Sin regulación estricta ni sanciones ejemplares, advirtió, cualquier reforma que reduzca el financiamiento público abre la puerta a que el dinero ilegal ocupe ese vacío.
En ese contexto, el dirigente del PRI acusó a Morena de actuar con doble discurso. Recordó que cuando el partido oficial era oposición nunca impulsó la eliminación o reducción del financiamiento público, porque entendía que esos recursos son el piso mínimo para competir en condiciones parejas. Hoy, en el poder, la narrativa cambió. “Es una farsa y una simulación”, sentenció.
La Reforma Electoral también plantea ajustes a la representación proporcional, un punto que el PRI considera fundamental para garantizar la voz de las minorías en el Congreso. Para Moreno, modificar este esquema no fortalece la democracia, sino que podría generar sobrerrepresentación y concentrar aún más el poder legislativo en una sola fuerza política.
Más allá de los tecnicismos, la acusación central es política: el oficialismo busca capturar las instituciones electorales, debilitar contrapesos y asegurar mayorías a toda costa. “Lo que no ganen en las urnas, lo quieren ganar en la mesa”, afirmó el dirigente priista, en referencia a reformas previas que, desde su óptica, han erosionado la autonomía institucional.
El político priista campechano insistió en que México enfrenta problemas urgentes —seguridad, crecimiento económico, acceso a medicamentos— y cuestionó que el gobierno priorice una reforma electoral que polariza y divide. A su juicio, si realmente se quisiera fortalecer la democracia, la discusión debería centrarse en combatir la infiltración del crimen organizado, sancionar actos anticipados de campaña y garantizar transparencia absoluta en el origen y destino de los recursos.