Advierte que los señalamientos sobre presunto financiamiento del crimen organizado a campañas de Morena implican delitos graves que deben investigarse de oficio
Por Félix Muñiz
Las revelaciones contenidas en el libro Ni venganza ni perdón, del exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer Ibarra, han detonado una fuerte crítica desde la oposición, luego de que el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, afirmara que lo expuesto en la obra obliga al gobierno federal a iniciar investigaciones profundas y sin dilación.
El senador panista Ricardo Anaya sostuvo que buena parte de lo que Scherer Ibarra describe implica la posible comisión de delitos graves que se persiguen de oficio, es decir, que no requieren una denuncia formal para que las autoridades actúen. Desde su perspectiva, la omisión del gobierno frente a acusaciones de tal magnitud sería no solo irresponsable, sino también una señal alarmante de tolerancia o complicidad.
El senador panista aclaró que no se trata de dar por ciertas, de manera automática, todas las afirmaciones del exfuncionario. Sin embargo, subrayó que sería “gravísimo” que no se abrieran carpetas de investigación, especialmente por la procedencia de las acusaciones y por la gravedad de los hechos narrados. Entre ellos, destacó los presuntos vínculos entre recursos de origen ilícito y el financiamiento de campañas políticas del partido en el poder, Morena.
De acuerdo con Anaya, Scherer asegura que dinero proveniente del crimen organizado fue utilizado para financiar campañas de Morena, lo que configuraría delitos que ameritan sanciones severas, incluso penas de prisión. “En cualquier país civilizado, este tipo de señalamientos tendría que detonar investigaciones muy serias y muy profundas”, advirtió.
El legislador insistió en que, si se abren las investigaciones correspondientes, deberán ser llamados a comparecer tanto quienes son señalados como quienes formulan las acusaciones. Será responsabilidad de las autoridades determinar en qué casos existen pruebas suficientes para proceder conforme a la ley. No obstante, enfatizó que la carga inicial recae en el Estado, ya que se trata de delitos que, por su naturaleza, deben investigarse de oficio.
Ricardo Anaya explicó que Scherer Ibarra aporta nombres, referencias y detalles sobre el presunto flujo de recursos ilícitos, incluyendo el señalamiento de un supuesto intermediario asesinado, así como la descripción de modos, tiempos y lugares en los que habrían sido entregados los recursos. Estos elementos, dijo, son más que suficientes para justificar una investigación formal.
En su crítica, el coordinador del PAN fue más allá y advirtió que la falta de acción confirmaría la profundidad de los presuntos vínculos entre Morena y el crimen organizado. “Si no se investiga, quedará confirmado que estos vínculos van más allá del financiamiento y que existe una complicidad que hace imposible que el propio gobierno quiera investigar”, sentenció.
Como ejemplo, mencionó el caso de Tequila, Jalisco, donde un alcalde emanado de Morena fue señalado por presuntos nexos con el crimen organizado, situación que, afirmó, ya no es solo materia de columnas políticas, sino de hechos documentados.
Para el PAN, las revelaciones de Ni venganza ni perdón representan una prueba crucial para el Estado de derecho. La exigencia es clara: una investigación a fondo, independiente y transparente. De lo contrario, concluyó Anaya, el silencio oficial se convertirá en una confirmación política de las acusaciones más graves que hoy pesan sobre el partido gobernante.