Agrego que no se trata de crear nuevas Leyes sino de que en el Poder Ejecutivo ejecuten la ley
Por Félix Muñiz
Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, ha hecho un enérgico llamado al gobierno federal para que aplique todo el peso de la ley a cualquier funcionario público que esté vinculado con el narcotráfico y el crimen organizado. Durante una entrevista al inicio de la sesión ordinaria en el Senado, Anaya destacó la gravedad de los recientes descubrimientos relacionados con la violencia y la impunidad en México.
El legislador se refirió a las atrocidades reveladas en un rancho, donde se reportaron actos de tortura y reclutamiento forzado de personas para el crimen organizado, a lo que calificó como un “campo de concentración” en el que las víctimas eran sometidas a desmembramientos y destruidas psicológicamente. Anaya señaló que no se trata de un problema de falta de leyes, sino de la ejecución deficiente de las mismas. “Todo lo que se hacía en ese rancho ya está tipificado como delito en el Código Penal y merece severas penas de prisión”, subrayó.
Ricardo Anaya enfatizó que la responsabilidad de hacer cumplir la ley recae en el Poder Ejecutivo, y criticó fuertemente la falta de acción de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado. “No tenemos un problema de leyes, tenemos un problema de ejecución de la ley. El Legislativo legisla, pero el Ejecutivo es quien debe garantizar que esas leyes se apliquen”, afirmó el senador.
El político panista subrayó la necesidad urgente de que el gobierno se enfoque en desmantelar las organizaciones criminales, más allá de simplemente aprobar nuevas leyes. Anaya agregó que lo que está sucediendo en varias partes del país, incluyendo el caso del rancho mencionado, no es aislado, y que hay muchos más lugares en donde ocurren crímenes similares. “No podemos permitir que México se convierta en un campo de batalla para el crimen organizado”, expresó.
Anaya Cortés, también se refirió a la grave situación de extorsión que enfrentan miles de mexicanos a manos del crimen organizado. “Los aranceles que paga el crimen organizado, que afectan a limoneros, aguacateros, carniceros, ferreteros, son una realidad diaria que no puede seguir ignorándose”, señaló. Según el senador, estos pagos ilegales representan uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico de México, además de contribuir a la violencia y a la impunidad.
En relación con el gobierno federal, Anaya criticó la actitud festiva del presidente y su administración ante temas internacionales como los aranceles impuestos por Estados Unidos, mientras en el país, miles de mexicanos siguen siendo extorsionados y violentados por el crimen organizado. “No hay nada que festejar cuando la gente vive con miedo y el crimen organizado sigue cobrando su cuota”, afirmó.
Uno de los puntos más relevantes de su intervención fue la exigencia de que cualquier funcionario público vinculado con el crimen organizado reciba un castigo ejemplar. Anaya aseguró que si se encuentran pruebas de colusión entre servidores públicos y narcotraficantes, deben ser procesados con todo el peso de la ley. “Los servidores públicos están para servir al pueblo, no para aliarse con los criminales”, recalcó.
Este pronunciamiento se da en un contexto en el que diversas fuerzas políticas, como el PRI, han comenzado a señalar la necesidad de investigar posibles vínculos entre políticos y el narcotráfico. Anaya expresó su apoyo a estas investigaciones, siempre que se basen en pruebas concretas. “Donde haya pruebas de vínculos con el crimen organizado, la justicia debe ser implacable”, concluyó.
Con este llamado, legislador panista por el Estado de Querétaro Ricardo Anaya hace un claro reproche a la gestión actual en materia de seguridad y justicia. Mientras el país enfrenta un aumento en la violencia y la corrupción, el senador del PAN pone de relieve la necesidad de fortalecer las instituciones y garantizar que la ley se aplique de manera efectiva. La lucha contra el crimen organizado no solo depende de la creación de nuevas leyes, sino de la capacidad del gobierno para hacerlas cumplir y para garantizar la rendición de cuentas en todos los niveles.
En resumen, Ricardo Anaya exige al gobierno federal que deje de mirar hacia otro lado y que, de una vez por todas, se comprometa a enfrentar el narcotráfico y la corrupción en sus propias filas, aplicando la ley con firmeza y sin impunidad.