Un nuevo episodio que profundiza la crisis institucional y exhibe el control político ejercido por Morena en el Senado
Por Félix Muñiz
El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, denunció con severidad que la carta que el Senado de la República envió a la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la remoción del fiscal Alejandro Gertz Manero fue firmada únicamente por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, sin informar, consultar ni someter el documento a consideración del pleno, ni mucho menos de los legisladores de oposición.
Esta revelación, hecha durante una conferencia conjunta con el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y el coordinador en Diputados, Elías Lixa Abimerhi, exhibe un patrón de opacidad, abuso de poder y ruptura de los procesos parlamentarios.
El legislador panista por el Estado de Querétaro Ricardo Anaya fue categórico: el documento nunca fue conocido por los senadores, no fue circulado, no se sometió a votación y fue enviado directamente a la titular del Ejecutivo.
“No tuvimos conocimiento del mismo, no tenemos copia y desconocemos su contenido”, subrayó. Este hecho, aseguró, representa una violación grave a la institucionalidad del Senado y confirma un manejo unilateral y faccioso del procedimiento por parte de la mayoría oficialista.
La crítica más severa del coordinador panista se centró en el contexto en el que ocurre esta maniobra. Anaya Cortés recordó que “el sistema colapsó el 10 de septiembre de 2024”, fecha en la que Morena “decidió, a punta de órdenes de aprehensión de fiscalías locales, construir una mayoría calificada fraudulenta en el Senado de la República”.
Desde entonces, denunció, la mayoría morenista utiliza ese poder artificial para imponer decisiones, manipular procesos y controlar nombramientos tan delicados como el de la Fiscalía General de la República.
En este marco, el político panista queretano Ricardo Anaya acusó que el intento de justificar la salida de Gertz Manero bajo el argumento de que había sido invitado a ocupar una embajada constituye una violación flagrante de la ley.
Recordó que la Ley Orgánica de la FGR establece que solo por causa grave, calificada por el Senado, puede renunciar el titular de la institución. “Alegar como causa grave una invitación diplomática es pisotear la ley y romper el Estado de derecho”, afirmó.
Además, denunció que el proceso de discusión fue manipulado: los legisladores no fueron convocados para analizar el desempeño del fiscal ni el estado de la institución, sino únicamente para avalar un supuesto fundamento legal que —dijo— simplemente no existía.
El coordinador panista advirtió que, con la mayoría calificada obtenida por métodos cuestionados, Morena hoy tiene “los votos para poner literalmente a quien se les pegue la gana” al frente de la FGR. Esta situación, afirmó, vuelve nugatorio el modelo de contrapesos y erosiona gravemente la credibilidad del Senado.
Frente a ello, Acción Nacional reiteró que su postura central es defender una Fiscalía verdaderamente autónoma, independiente y profesional, que no se utilice para perseguir opositores, periodistas o activistas, y que se enfoque en investigar a quienes violan la ley. El PAN analizará la lista de aspirantes que se integrará en los próximos días, pero advirtió que no acompañará ninguna imposición.
Este episodio, marcado por opacidad, autoritarismo y violaciones al proceso legislativo, terminó por encender nuevas alertas sobre la fragilidad institucional y el creciente control político que —acusó la oposición— Morena ejerce sobre el Senado y los órganos de justicia del país.