Los Congresos Locales ya no podrán aprobar figuras jurídicas perniciosas como el famoso ° ultrajes a la autoridad °
Por Félix Muñiz
Luego de los abusos de autoridad que se han dado en el país como el del Estado de Veracruz que creo la modalidad de ultrajes a la autoridad para meter a la cárcel a jóvenes que protestan, el coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal Ávila, adelantó que impulsará una iniciativa para expedir un Código Penal Único para que los estados “no abusen con la creación de tipos penales que afecten a la sociedad”.
Así, dijo, los congresos locales no se verían tentados a legislar sobre figuras jurídicas “perniciosas que actúan como instrumentos abusivos contra los ciudadanos”.
“México en materia de seguridad y justicia todavía tiene una cuenta pendiente con la población”, expresó.
Señaló que figuras como la de “ultrajes a la autoridad”, que ya fue derogada, o la de “atentar contra la autoridad” que ahora se estableció en el Código Penal del estado de Veracruz, no deberían de existir, ya que “son perniciosas”.
Indicó que al momento de derogarse la figura de “ultrajes a la autoridad” se sustituye por una figura jurídica penal similar, es decir que “se intenta con esta actitud gatopardista dejar la misma figura jurídica, con un nombre distinto para afectar a los ciudadanos”.
Dijo que este tipo de figuras se van a combatir, por lo que primero desde el Senado exhortará al congreso local de dicha entidad y posteriormente llevará el caso a la Corte para solicitar que se deroguen los tipos penales que afectan a la población.
Recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha solicitado al Senado que comparezcan varios gobernadores y servidores públicos que no aceptaron recomendaciones, “y en ese caso lo único que se aplica es la norma”.
Afirmó que no se trata de un asunto personal contra un gobernador o un fiscal, sino que “es la ley y yo soy defensor de la constitucionalidad del país, no es un pleito ni una confrontación, sino una disposición jurídica”.
Puntualizó que ningún servidor público debe burlarse de las recomendaciones en materia de derechos humanos, sino que “deben aceptarse porque provienen de organismos autónomos constitucionales y despreciar ese tipo de recomendaciones no los sitúan en un papel de demócratas”.