Causo polémica al asegurar que en México ya no existen las desapariciones forzadas, la tortura, la militarización o una crisis de derechos humanos
Por Félix Muñiz
En un ambiente marcado por la desconfianza y la polarización, Rosario Piedra Ibarra, actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), compareció ante el Senado en busca de su reelección. La cita se convirtió en un espacio de tensiones y contradicciones, donde la ombudsperson defendió su gestión con afirmaciones que chocan de manera contundente con la realidad que viven millones de mexicanos.
Piedra Ibarra, en un acto de desdén hacia la crítica social, negó la existencia de desapariciones forzadas, torturas y una crisis de derechos humanos en el país.
“Claro que ya no existen las ejecuciones extrajudiciales ni las desapariciones por parte del Estado”, afirmó, desoyendo el clamor de familiares de desaparecidos que, en su mayoría, siguen en la incertidumbre.
A lo largo de su intervención, intentó presentar una imagen renovada de la CNDH, distanciándose de su herencia neoliberal y asegurando que, a diferencia de años anteriores, ahora “la CNDH es otra”.
Sin embargo, la realidad es que la percepción pública sobre el organismo es profundamente negativa. La senadora del PAN, Laura Esquivel, expuso con claridad que “hemos tenido una Comisión prácticamente inexistente” en un contexto donde la crisis de derechos humanos se agudiza día a día. Es un hecho que la CNDH ha sido objeto de críticas por su silencio ante violaciones graves, lo que ha llevado a la sociedad a cuestionar su rol como defensora de los derechos fundamentales.
Además, la acusación del senador Ricardo Anaya sobre el “fraude” en su elección como presidenta de la CNDH resuena en el aire. A pesar de los esfuerzos de Piedra Ibarra por desmentirlo, el eco de las denuncias sobre la falta de legitimidad en su nombramiento persiste. “Usted conscientemente asumió la presidencia de la Comisión sabiendo que su elección había sido fraudulenta”, le dijo Anaya, poniendo en duda su autoridad para dirigir un organismo cuya función principal es proteger a las víctimas.
Con un rostro visiblemente enojado, la titular de la CNDH insistió en que no hubo fraude, apelando a una supuesta validación por parte de la Ganrry. Sin embargo, este tipo de afirmaciones no pueden ocultar la falta de confianza de la ciudadanía en una institución que debería ser un pilar en la defensa de los derechos humanos.
El contraste entre las palabras de Piedra Ibarra y la realidad es abismal. Mientras ella sostiene que “en la actual CNDH ya no existen torturadores”, miles de víctimas aún enfrentan un sistema que parece más interesado en la simulación que en la justicia.
La ombudsperson intentó, además, desvincularse de la militarización, defendiendo la actuación de las Fuerzas Armadas bajo un mando civil. Sin embargo, la percepción popular es que la militarización del país ha alcanzado niveles alarmantes, y su defensa solo sirve para incrementar la distancia entre la CNDH y la ciudadanía.
Es preocupante que, en su intento de defender su gestión, Rosario Piedra Ibarra eluda las críticas fundamentadas y se aferre a un discurso que parece más un acto de propaganda que una evaluación honesta de su trabajo. Su promesa de construir un “nuevo modelo de defensa de los derechos humanos” parece, en el contexto actual, una ilusión más que un compromiso real.
La realidad es que México atraviesa uno de sus períodos más oscuros en términos de derechos humanos, y la respuesta de la CNDH, bajo la dirección de Piedra Ibarra, ha sido insuficiente. La esperanza de las víctimas no puede depender de la negación y la manipulación de la verdad. La ombudsperson debe comprender que su papel no es solo defender su gestión, sino rendir cuentas a quienes realmente importan: las víctimas y sus familias.