El oficialismo asegura que no ponen en riesgo los ahorros de los trabajadores y la oposición indica que la Reforma es confiscatoria y los ahorros de los trabajadores pueden perderse
Por Félix Muñiz
A pesar de una lluvia de advertencias con argumentos sobre las consecuencias de utilizar los ahorros de los trabajadores para construir vivienda en una sesión ríspida y con cruce de acusaciones en la que se evidenció la división política, el pleno del Senado de la República aprobó una reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y a la Ley Federal del Trabajo.
El principal cambio que establece esta reforma es la creación de una empresa filial del Infonavit, encargada de la construcción de vivienda. La propuesta recibió el apoyo mayoritario de los legisladores de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista, pero generó un fuerte rechazo entre la oposición.
Durante el debate, las voces opositoras, principalmente de senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se alzaron para expresar su preocupación sobre el impacto que esta reforma podría tener sobre los recursos de los trabajadores.
La senadora del PAN Karen Michel González Márquez, criticó fuertemente la medida, acusando al gobierno federal de intentar apoderarse del ahorro de los trabajadores bajo la fachada de una buena intención.
“Lo que Morena y sus aliados quieren hacer es un saqueo descomunal, un atraco mayor que el de Segalmex”, afirmó González Márquez, quien también advirtió sobre el peligro de dar acceso a los recursos a personas involucradas en casos de corrupción.
Por su parte, la priísta Mely Romero señaló que la reforma podría poner en riesgo los ahorros de los trabajadores, advirtiendo que los 2.4 billones de pesos que actualmente se encuentran en el Fondo de Vivienda no solo representan lo ahorrado hasta el momento, sino también las aportaciones futuras de los trabajadores. “Con la reforma, lo dice claramente el artículo 42, podrán tomar ese dinero y disponer de él”.
Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, también expresó su preocupación respecto a la falta de transparencia en la nueva empresa filial, que no tendrá mecanismos de control público ni de rendición de cuentas. “Lo que están haciendo es lo mismo que ya se hacía, pero con el dinero de los trabajadores, no con inversión privada. ¿Qué pasará si estas empresas fracasan?”, cuestionó Barrales, temiendo que los trabajadores no reciban respuestas claras sobre el destino de sus recursos.
En contraste, la senadora morenista Blanca Judith Díaz defendió la reforma, asegurando que su objetivo es resarcir los daños causados por las políticas neoliberales. Según Díaz, la reforma busca corregir el desfalco ocurrido durante gobiernos anteriores, cuando se recibieron recursos para la compra de terrenos y licencias de construcción sin que se llegara a materializar la construcción de viviendas.
El debate alcanzó su punto álgido con un intercambio de palabras entre los senadores Marko Cortés, del PAN, y Alejandro Murat, de Morena. Cortés recordó a Murat que fue señalado de corrupción durante su gestión al frente del Infonavit, a lo que Murat respondió defendiendo la creación de nuevas capas de control para evitar la repetición de actos indebidos, como los ocurridos durante la administración de David Penchyna.
La reforma, que contempla varios puntos clave, establece que los recursos de las subcuentas de vivienda seguirán siendo propiedad de los trabajadores. Además, se devolverá el carácter tripartito a la Comisión de Vigilancia y a los Comités de Auditoría y Transparencia, y se mantendrá la Asamblea General como la autoridad suprema del instituto. En cuanto a la nueva empresa filial, se señala que no será una entidad paraestatal, y se creará con la finalidad de facilitar la construcción habitacional.
La reforma también regula el arrendamiento social, asegurando que los pagos no excedan el 30% del salario del trabajador, y se prohíbe la actualización de saldos, pagos por amortización o accesorios de los créditos otorgados. Asimismo, se otorgan facultades a la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Auditoría Superior de la Federación para la vigilancia y fiscalización de los recursos.
Finalmente, el decreto fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que marcará el inicio de la implementación de estos cambios legislativos. A pesar del fuerte debate, el gobierno federal confía en que esta reforma beneficiará a los trabajadores, mientras que la oposición continuará cuestionando su viabilidad y transparencia.