“Ley Espía o Estado Fisgon” sienta las bases de un modelo autoritario en el que el disenso puede ser perseguido y la privacidad, abolida.
Por Félix Muñiz
Con una aplastante mayoría de Morena y sus aliados del PT y PVEM, las comisiones unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen que da vida a la polémica Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, conocida ya por amplios sectores como la “Ley Espía”.
Pese al rechazo frontal del PAN, PRI y MC, la maquinaria legislativa oficialista impuso una norma que, bajo el discurso de la seguridad, abre peligrosamente la puerta a un modelo de vigilancia masiva, opaco y sin controles judiciales.
Se trata, como lo han advertido diversos legisladores y expertos, de un giro autoritario disfrazado de modernización.
El dictamen, pieza clave de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024–2030 impulsada por el Ejecutivo federal, consolida la centralización de los datos personales de la ciudadanía y otorga facultades discrecionales a la Secretaría de Seguridad Pública para acceder sin orden judicial a información biométrica, fiscal, de salud y telecomunicaciones.
“Están construyendo una dictadura perfecta, disfrazada de modernización”, advirtió el senador priista Miguel Riquelme, quien denunció que esta ley consolida la militarización del país y la creación de un “Estado fisgón”.
Desde Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales fue tajante: “Obligan al ciudadano a la exposición total, mientras blindan al poder público con mecanismos de opacidad y confidencialidad”. Un mundo al revés, donde el ciudadano es vigilado y el Estado se oculta.
En la misma línea, el panista Gustavo Sánchez alertó que esta legislación habilita a las autoridades a operar como un “Big Brother del bienestar”, accediendo a bases de datos sensibles **sin necesidad de orden judicial. En palabras del legislador: “Esto equivale en los hechos a instaurar un sistema permanente de vigilancia masiva sobre la población”.
Desde la mayoría, sin embargo, se insiste en que se trata de un avance. El senador morenista Manuel Huerta incluso sostuvo que la ley no persigue a los ciudadanos, sino que busca construir un “Estado protector”. Pero tal defensa suena hueca frente al cúmulo de artículos que permiten la recolección masiva de datos sin mediación judicial ni controles externos eficaces.
El senador del PRI, Manuel Añorve, rechazó el argumento de la modernización y lo resumió con claridad: “Nos están imponiendo un ‘Big Brother del bienestar’, sin garantías para la ciudadanía y sin límites al poder”.
Lo más preocupante no es solo el contenido de la ley, sino el contexto en que se impone: una creciente militarización de la seguridad pública, la subordinación de la Guardia Nacional a la SEDENA, y ahora, la consolidación de una red de vigilancia sin precedentes en el país, todo bajo el argumento de combatir al crimen organizado.
El oficialismo, con Claudia Sheinbaum al frente del Ejecutivo Federal, habla de modernización, inteligencia estratégica y cooperación institucional. Pero los hechos apuntan a otra cosa: una arquitectura legal que legitima la intervención del Estado en la vida privada de los ciudadanos, sin que existan salvaguardas democráticas mínimas.
En lugar de garantizar seguridad con libertad, esta “Ley Espía” sienta las bases de un modelo autoritario en el que el disenso puede ser perseguido, y la privacidad, abolida. México no necesita un Estado que vea todo, sino un Estado que rinda cuentas. La inteligencia sin control es solo otro nombre para el abuso.