El Gobierno federal entregó al Senado una iniciativa construida con empresarios y trabajadores que plantea una reducción progresiva de la jornada laboral hasta 2030
Por Félix Muñiz
La reforma constitucional para reducir la jornada laboral en México a 40 horas semanales comenzó formalmente su ruta en el Senado de la República en medio de un discurso de amplio consenso promovido por Morena y el Gobierno federal.
Sin embargo, detrás del avance legislativo persisten interrogantes sobre el alcance real del cambio, su impacto efectivo en la vida de los trabajadores y si la gradualidad planteada no diluye una demanda histórica de la clase trabajadora.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, aseguró que la iniciativa es producto de un proceso de diálogo entre el gobierno, organizaciones sindicales y cámaras empresariales, impulsado directamente por la presidenta de la República.
Según el funcionario, se trata de un ejercicio democrático alineado con la política laboral de la Cuarta Transformación, similar a otros procesos como la reforma al outsourcing o al sistema de afores.
No obstante, la narrativa oficial contrasta con la expectativa social generada desde hace años en torno a una reducción inmediata de la jornada laboral. Durante las mesas de discusión, reconoció Bolaños, hubo posturas que exigían una aplicación inmediata de la semana laboral de 40 horas, pero finalmente se optó por un esquema de implementación gradual que concluirá hasta 2030, bajo el argumento de cuidar la competitividad y seguir recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La reforma establece constitucionalmente una jornada de ocho horas diarias durante cinco días a la semana y promete flexibilidad para que trabajadores y empleadores acuerden su organización. Sin embargo, críticos señalan que esta flexibilidad puede convertirse en una puerta abierta para que, en la práctica, las condiciones laborales cambien poco, especialmente en sectores donde la negociación no es equitativa.
Por su parte, el senador Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, defendió la iniciativa al señalar que fue construida tras “muchísimas horas” de reuniones con especialistas, académicos, empleadores y trabajadores. Afirmó que el objetivo central fue no afectar derechos adquiridos ni dañar la planta productiva nacional.
Mier destacó que de los más de 23 millones de trabajadores afiliados al IMSS, cerca de la mitad ya labora 40 horas semanales y que aproximadamente 13.5 millones serán los beneficiarios directos de la reforma. Sin embargo, este dato también ha sido utilizado por la oposición para cuestionar si el cambio realmente transformará las condiciones laborales de quienes enfrentan las jornadas más largas y precarias.
El legislador subrayó que la diversidad del aparato productivo mexicano obligó a diseñar una reforma flexible y progresiva, adaptada a cada sector, desde el comercio hasta el turismo o las plataformas marítimas. Morena sostiene que la iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial y que no habrá regresiones en derechos laborales.
Aun así, el avance de la semana laboral de 40 horas llega envuelto en un discurso triunfalista que algunos consideran prematuro. La discusión en tres comisiones senatoriales será clave para definir si esta reforma se convierte en un verdadero parteaguas histórico —el primero desde 1974— o si termina siendo un cambio gradual que, en los hechos, posterga una demanda largamente esperada por millones de trabajadores en México.