Se busca elevar las penas hasta 15 años de prisión y eliminar los beneficios procesales para los responsables de este delito
Por Félix Muñiz
El Senado de la República se prepara para aprobar la próxima semana una reforma clave a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con la que se busca elevar las penas hasta 15 años de prisión y eliminar los beneficios procesales para los responsables de este delito.
Esta iniciativa representa un paso firme del Congreso de la Unión en el combate a uno de los ilícitos más sensibles y que más afectan a la ciudadanía y al sector productivo del país.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, informó que las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos trabajan en la revisión técnica y de fondo de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, con el objetivo de endurecer las sanciones y evitar beneficios legales para los responsables.
“La propuesta vendrá en el sentido de elevar la media de la penalidad en el caso de los extorsionadores. Actualmente la minuta habla de cinco a diez años o de cinco a quince; es muy probable que nos vayamos a una media de diez a quince años”, explicó López Hernández.
Además, el Senado revisa una reserva aprobada por la Cámara de Diputados que reducía las penas a funcionarios públicos implicados en casos de extorsión por omisión. La intención de los senadores es revertir esa modificación para que los servidores públicos involucrados reciban el mismo castigo que los extorsionadores directos, reforzando así el principio de igualdad ante la ley.
En otro punto relevante, el dictamen incluirá una disposición para que las entidades federativas establezcan fiscalías especializadas en combate a la extorsión, distintas a las áreas antisecuestro, ya que “son especialidades delictivas distintas”. Esta medida busca profesionalizar la persecución de este delito y ofrecer una respuesta más eficaz a las víctimas.
López Hernández subrayó que se trata de una reforma integral, con cambios de fondo y forma, que tiene como propósito fortalecer la seguridad y cerrar los espacios de impunidad.
“Entendemos que la extorsión es posiblemente el delito más sensible en el país y no podríamos pensar en que se conceda algún beneficio a alguien para que la penalidad sea inferior”, enfatizó el senador.
Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y también presidente de la Junta de Coordinación Política, adelantó que los diputados se allanarán a las modificaciones que realice el Senado.
“El Senado es cámara revisora; si se mejora y se atiende lo que en la Cámara no se atendió, no tengo problema. Nos allanamos; no nos molesta ni nos ofende que puedan corregir la minuta”, aseguró Monreal Ávila.
El legislador zacatecano Ricardo Monreal destacó que dentro del grupo parlamentario existía preocupación por la redacción original, especialmente en cuanto a la proporcionalidad de las penas y la reducción de castigos a servidores públicos.
Con esta reforma, el Congreso de la Unión busca cerrar los espacios de impunidad y enviar un mensaje claro: la extorsión no tendrá cabida en México. Las modificaciones serán votadas en el pleno del Senado la próxima semana y, de aprobarse, regresarán a la Cámara de Diputados para su ratificación definitiva antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones.