Con 106 votos a favor, el Senado da un paso firme para combatir la extorsión en México y fortalecer la seguridad jurídica de las familias y negocios.
Por Félix Muñiz
En un hecho de gran relevancia para la seguridad pública y la justicia en México, el Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen a la minuta que reforma el inciso a), fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, en materia de extorsión. Tras este avance legislativo, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, remitió el proyecto a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su análisis y eventual aprobación.
Esta reforma constitucional facultará al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra la Extorsión, un paso esencial para combatir de forma estructural uno de los delitos que más afecta a la vida cotidiana de las familias mexicanas.
“Esta reforma es parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y representa un paso firme para proteger a las y los mexicanos”, afirmó la senadora Castillo Juárez a través de sus redes sociales.
Un marco legal homogéneo para enfrentar un delito creciente
El dictamen aprobado por el Pleno del Senado, con 106 votos a favor, deriva de una iniciativa enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y busca homologar las penalidades y agravantes, así como fortalecer la coordinación entre Federación y entidades federativas.
Hasta ahora, la diversidad de criterios legales entre el Código Penal Federal y los códigos estatales ha generado vacíos legales que dificultan la impartición de justicia. La futura Ley General contra la Extorsión permitirá perseguir de oficio este delito, unificar criterios de investigación y sanción, y brindar herramientas más sólidas a las autoridades para frenar la expansión de esta práctica delictiva.
“Con esta reforma cerramos espacios a la impunidad, homologamos criterios y damos un mensaje claro: la extorsión no tendrá cabida en un país que busca vivir en paz”, señaló el senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Un problema nacional que exige unidad legislativa
La senadora Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad, subrayó que la extorsión no es un delito menor, sino una amenaza sistemática que lacera hogares, invade negocios y erosiona comunidades.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que solo en enero de 2025 se registraron casi 30 extorsiones diarias, mientras que datos del INEGI señalan que este delito fue el más frecuente contra unidades económicas en 2023, con un impacto económico superior a 124 mil millones de pesos.
Desde todas las fuerzas políticas, el respaldo fue total. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) destacó que la extorsión erosiona el emprendimiento y el comercio local, y pidió una atención integral y permanente. Por su parte, legisladoras como Carolina Viggiano (PRI) y Verónica Rodríguez (PAN) coincidieron en la urgencia de homologar sanciones y proteger a las víctimas, reconociendo que la impunidad desalienta la denuncia.
La senadora Karina Ruiz (Morena) agregó que esta reforma fortalece la justicia social, brindando certeza jurídica, prevención y atención a nuevas formas de extorsión, como las digitales.
Una reforma con visión de futuro
Este dictamen no solo atiende una exigencia ciudadana legítima, sino que también envía un mensaje de unidad y compromiso institucional frente a una de las mayores amenazas del crimen organizado. Además, refleja la voluntad del Senado de construir un marco legal eficiente, moderno y sensible a las necesidades reales de la población.
Con el envío del proyecto a las legislaturas estatales, se espera que en breve se consolide esta reforma constitucional histórica que será clave para garantizar la seguridad, la paz y la justicia en todo el país.