El senador del PAN Marko Cortés calificó la reforma como un acto de concentración del poder presidencialista más rancio
Por Félix Muñiz
Con la aprobación del dictamen impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Senado de la República consumó un golpe severo contra los contrapesos institucionales al reformar la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley de Entidades Paraestatales, sustituyendo a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, un ente subordinado al Ejecutivo Federal.
Bajo el argumento de la “simplificación administrativa”, Morena y sus aliados PT y PVEM han desmantelado uno de los órganos técnicos más importantes para el control del poder económico en México.
Aunque la iniciativa asegura que tendrá “facultades ampliadas” para combatir prácticas monopólicas y garantizar la libre competencia, lo que realmente ocurre es una recentralización del poder, como denuncian los legisladores de oposición.
Esta nueva Comisión estará sectorizada a la Secretaría de Economía, es decir, bajo el control directo de la presidencia, y sus cinco comisionados serán nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, eliminando cualquier vestigio de autonomía real.
Para el priista Miguel Ángel Riquelme, esta reforma representa “un retroceso profundamente regresivo que pone en riesgo décadas de avances”, pues la supuesta eficiencia administrativa viene acompañada de una evidente erosión técnica e institucional. Lo dijo claro: “Abre la puerta a presiones políticas y diluye la independencia regulatoria”.
Más contundente fue Marko Cortés, senador del PAN, quien no dudó en calificar la reforma como un acto de concentración del poder presidencialista más rancio.
“Quitar órganos autónomos y reemplazarlos por operadores del Ejecutivo es regresar al autoritarismo. Morena no quiere competencia económica, quiere control absoluto del mercado y de los medios de comunicación”, sostuvo con severidad.
Y es que la reforma va más allá del ámbito económico. Al regular la participación cruzada en telecomunicaciones y radiodifusión, la Comisión Antimonopolio tendrá la capacidad de ordenar la desincorporación de activos en medios de comunicación, una herramienta que, en manos de un gobierno con claras tendencias autoritarias, podría convertirse en un instrumento de censura y castigo político.
Desde Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda alertó sobre el impacto negativo en la transparencia, competitividad y productividad del país. “La reforma es una afrenta directa a la lucha contra las prácticas monopólicas. Debilita las instituciones y deja a los consumidores sin defensa frente a los abusos del poder económico”, señaló.
En contraste, Morena defendió la medida con un discurso populista disfrazado de justicia económica. La senadora Blanca Judith Díaz afirmó que se busca romper con “una visión tecnocrática y elitista”. Pero la verdad es que este nuevo organismo será juez y parte, y responderá directamente a las órdenes del Ejecutivo.
Con esta decisión, el Senado no solo ha borrado de un plumazo la autonomía de Cofece, sino que ha dado luz verde a un aparato oficialista que regulará la economía mexicana a conveniencia del poder político.
Hoy México pierde un contrapeso. La competencia económica queda subordinada al Ejecutivo. Y el riesgo, como siempre en los regímenes autoritarios, es que las decisiones de mercado ya no las tomen técnicos, sino burócratas leales al partido en el poder.